EscucharHas varios temas íntimamente relacionados con los objetivos de la política económica del Banco Central: expansión crediticia, morosidad, entradas de capital e impuestos a las utilidades por los intereses percibidos por inversionistas extranjeros. Todos afectan de una u otra forma la estabilidad interna y externa de la moneda. Desafortunadamente, encontramos desviaciones que se deben corregir.
La expansión crediticia es uno de los principales factores que afectan la inflación. Incide directamente en la demanda agregada, sobre todo en periodos, como el actual, donde se ha reducido la capacidad ociosa del aparato productivo nacional, y los excesos de demanda presionan el nivel de precios. Una expansión del financiamiento del gasto en consumo e inversión por encima del crecimiento real esperado del producto interno bruto (PIB) tiene la capacidad de engrosar el PIB nominal y, desde luego, la diferencia es inflación. De ahí la necesidad de velar por que el crédito no se dispare.
En el último año, el crecimiento del financiamiento total al sector privado creció a una tasa equivalente a más del doble (14,2%) del crecimiento real de la producción (5,1%). Pero, dentro de él, el crédito en dólares se disparó un 18%, más del triple de la expansión real del PIB. Y eso pone en entredicho la inflación futura, habida cuenta del desfase entre la expansión crediticia y sus efectos posteriores en los precios.
La morosidad también se asocia muy estrechamente con la expansión crediticia al sector privado y la negligencia en la selección y aprobación de operaciones de crédito. Existe una relación de causalidad entre esas variables. Cuanto mayor es la expansión crediticia al sector privado, mayor será la tasa de morosidad; cuanto más acomodaticia sea la selección de deudores, mayor será también la morosidad. Y, en ambas, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reporta mayores deficiencias en la banca pública que en la privada.
El Banco de Costa Rica excedió recientemente el porcentaje de mora permitido por la normativa vigente, de un 3% sobre la cartera con atrasos a más de 90 días, pues se ubicó en 3,14%. El Banco Nacional, que ha venido fallando en ese indicador, según reportamos en varias ocasiones anteriores, se salvó esta vez por un pelito, pues se ubicó en un 2,97%. Pero todos los bancos públicos, incluyendo el Banco Popular, sobrepasaron el límite para ubicarse en un 3,02%. Los bancos privados, en cambio, fueron mucho más prudentes y lograron ubicarse en un 1,08%.
Una buena parte de la expansión crediticia la han efectuado los bancos públicos y privados mediante créditos externos, más concretamente por la colocación de títulos en manos de no residentes. Eso produce dos efectos inconvenientes, dados el entorno internacional de bajas tasas de interés y la estructura monetaria y cambiaria costarricense: por una parte, se incrementa mucho el crédito al sector privado de conformidad con lo que acabamos de comentar; y, por la otra, incrementa la oferta de divisas, deprime el tipo de cambio y obliga al Banco Central a intervenir en el mercado para sostener la banda inferior. Pero, claro, la intervención aumenta la emisión y eventualmente afecta la inflación (o las pérdidas del Banco Central si esteriliza la expansión monetaria concomitante). En cualquiera de estas hipótesis hay un perjuicio para la economía nacional, especialmente para los costarricenses de menores ingresos.
De ahí que el Banco Central, el Conassif y la Sugef decidieran proponer e implementar varias medidas para tratar de paliar el impacto de la expansión crediticia financiada en el exterior. Una de ellas fue endurecer las normas prudenciales para restringir el crédito a los no generadores de divisas (que debió imponer hace mucho tiempo con independencia de las vicisitudes del mercado cambiario), y, la más reciente de recomendar a la Asamblea Legislativa imponer tributos diferenciados a las utilidades por intereses recibidos por no residentes, y elevar la tarifa hasta en un 30% por encima de las tasas vigentes para disuadir las entradas de capital financiero.
Pero resulta que los bancos del Estado presentaron recientemente una instancia ante los diputados de la comisión legislativa encargada de tramitar el proyecto para que los eximieran del pago del impuesto por operaciones externas a plazos mayores de un año, a lo cual se adhirieron los demás bancos privados representados en la Cámara de Bancos. El argumento, según ellos, es que el plazo determina si las entradas de capital son o no especulativas. Pero el contraargumento del Banco Central, que debió esgrimir desde el principio ante los mismos miembros de la comisión, es que el efecto del endeudamiento en el exterior, independientemente del plazo, es lo que deprime el tipo de cambio y lo obliga a emitir y comprometer sus metas de inflación. Y hay que evitarlo.
Ese es el verdadero argumento. Y, por solidaridad con el interés público representado en este caso por el Banco Central, deberían rechazar ad portas la petición de los bancos públicos y privados, cuyos intereses deberían ceder ante los más generales de la población costarricense.
