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La Universidad de Costa Rica es, con sobrados méritos, una institución benemérita de la Patria. Cuantificar y documentar sus aportes a la sociedad costarricense sería una tarea ardua y ocuparía muchos volúmenes. Su solidez se basa, en buena medida, en un compromiso serio con sus estudiantes y la excelencia académica.
No obstante, en los últimos años esta institución ha comenzado a ser víctima de políticas internas que reproducen intereses mezquinos apartados del norte que guía a la institución. Quizás una de las causas más importantes de la mediocridad reinante en algunas unidades académicas de la institución es la insuficiencia e ineficacia de las políticas universitarias existentes para garantizar la contratación de personal docente calificado. Por esta razón, cada escuela o unidad académica es libre de estipular como se le antoje los criterios utilizados para contratar personal docente. En algunos casos, esto implica realizar únicamente concursos internos de poca divulgación con el claro objetivo de dejar las plazas y becas entre “conocidos”.
Como consecuencia, en la UCR no se puede hablar de una excelencia generalizada. Mientras existen muchas escuelas donde la excelencia se promueve en todos los aspectos: docencia, investigación y acción social, existen muchas escuelas envueltas en una espiral descendente hacia la mediocridad y una especie agresiva de nepotismo académico.
Clientelismo. La raíz de este problema se encuentra en la naturaleza de las Asambleas de Escuela, órganos autónomos y soberanos cuyas decisiones en cuanto a la contratación y renovación del personal docente son prácticamente inapelables e insondables. Como lo ha denunciado Miguel Sobrado para el caso de la UNA (esta sección 17-02-09 y 17-01-10), muchos de estos órganos colegiados han caído en las manos de cupulillas que se sostienen en el poder mediante las peores prácticas clientelistas.
Esto se debe, en parte, al hecho que la supuesta democracia académica en la que se basa la Universidad se ha convertido en una oligarquía donde solo los profesores con plaza (los terratenientes) tienen voz y voto en los órganos colegiados. Además, a pesar de que los estudiantes cuentan con representación en estos órganos, no son muchas las escuelas donde gozan de la independencia necesaria para hacer valer sus intereses ante sus profesores.
Del mismo modo, la sociedad en sí y la dirigencia universitaria carecen de mecanismos adecuados para promover la contratación del personal óptimo, y mucho menos para exigir a las unidades académicas una evaluación constante de sus docentes. La acreditación del SINAES sigue siendo voluntaria y no es casualidad que muchas escuelas rehúyan el reto que significaría someterse a este proceso tan necesario. En algunas unidades académicas, las evaluaciones de profesores se efectúan solo esporádicamente y sus resultados no son divulgados. En muy pocos casos tienen verdaderas implicaciones para los docentes.
Apoyo económico. La UCR, así como el resto de universidades públicas, son esenciales para el desarrollo integral de nuestro país. Para poder seguir cumpliendo con ese rol, deben seguir recibiendo el apoyo económico del Estado. Sin embargo, este apoyo no puede ser un cheque en blanco. La Universidad debe garantizar una educación de excelencia en todas las carreras que ofrece. El país desembolsa grandes cantidades de dinero en salarios que deben ser destinados a contratar solo a los mejores profesionales en el país y en el extranjero. Las mejores universidades de México, Brasil y Colombia anuncian las plazas vacantes, pasantías y becas alrededor del mundo y exigen un título de doctorado como requisito mínimo para optar por una plaza en propiedad.
La sociedad debe exigir a la UCR contar con mecanismos efectivos para evaluar el desempeño de los docentes y para aplicar las medidas correctivas del caso, incluso para los profesores en régimen académico; así como para promover a los profesores interinos que lo merezcan basados en criterios técnicos y de rendimiento. La impunidad no debe ser el premio del profesor mediocre. Las Asambleas de Escuela deben ser transparentes y estar sujetas a la fiscalización externa, no solo de estudiantes, sino también de colegios profesionales, empresa privada, instituciones públicas y sociedad civil.
