EscucharBOGOTA (AFP) - El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó a la justicia colombiana su participación en secuestros, masacres y asesinatos selectivos de al menos 336 personas, por el que pagaría una máxima condena de ocho años de cárcel, según un documento divulgado este martes.
Según una versión escrita que presentó ante un fiscal, en el marco de un proceso de confesión por el que recibirá beneficios jurídicos, Mancuso admitió haber ordenado asesinar a 336 personas, a los que identificó con nombre propio.
Mancuso -un adinerado ganadero del norte del país de ascendencia italiana- admitió haber ordenado varias masacres, atentados contra sindicalistas, alcaldes, fiscales y miembros de organizaciones de derechos humanos, a quienes acusaba de ser auxiliadores de grupos rebeldes.
En el documento, publicado parcialmente por medios locales, el jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) relató delitos cometidos desde el año 2002 y menciona a varios militares ya fallecidos como auxiliadores de los escuadrones de ultraderecha.
También admitió que su grupo infiltró la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el DAS (policía secreta) y otros organismos estatales de donde obtuvieron información sobre personas acusadas de ser cercanas a las guerrillas para luego ordenar su asesinato.
El ex paramilitar admitió haber participado en el asesinato y el secuestro de familiares de jefes guerrilleros tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), el secuestro de la actual senadora Zulema Jattin y varios atentados políticos.
Mancuso hizo las revelaciones en cumplimiento de lo ordenado por una ley de justicia y paz que ofrece garantías a los miembros de grupos armados que se desmovilicen y confiesen delitos de lesa humanidad y que contempla penas de entre cinco y ocho años de prisión, como máximo, para condenados por estos delitos.
La declaración de Mancuso, ante un fiscal especial de la unidad de justicia y paz, se realizó el lunes en la ciudad de Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), con la presencia de familiares de víctimas de las AUC y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Las AUC culminaron en abril pasado un proceso de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, al cabo del cual según cifras oficiales 31.000 combatientes entregaron las armas.
Unos 6.000 paramilitares desmovilizados, entre ellos 59 de los más importantes jefes, esperan ser procesados por delitos de lesa humanidad en el marco del proceso de paz.
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