EscucharGuatemala. El Estado de Alarma que decretó el Gobierno de Guatemala para afrontar la crisis por la fuga masiva de una cárcel de máxima seguridad ha recibido la repulsa de los grupos humanitarios mientras la oposición ve la medida con cautela.
La disposición, que estará en vigencia durante 30 días a partir del pasado lunes, restringe las libertades de acción y locomoción, así como los derechos de detención legal e interrogatorio a detenidos o presos.
El Estado de Alarma es el segundo de los cinco estados de excepción que establece la Constitución guatemalteca y que están regulados por la Ley de Orden Público.
Pese a haber entrado en vigor automáticamente tras ser acordada por el Consejo de Ministros y firmada por el presidente del país, Alfonso Portillo, la resolución aún puede ser aprobada, modificada o rechazada por el Congreso Legislativo.
La decisión del Organismo Ejecutivo intenta reforzar la búsqueda de 63 reos que todavía se encuentran en paradero desconocido tras la evasión ocurrida el pasado domingo de la cárcel de máxima seguridad de la Granja Penal Canadá, conocida como "El Infierno" en el departamento sureño de Escuintla.
En una operación de búsqueda en las montañas cercanas al penal, a unos 70 kilómetros de la capital, las fuerzas de seguridad volvieron a detener a trece de los fugados y encontraron muertos a otros dos, informó la Policía Nacional Civil.
A raíz de la fuga, Portillo pidió ayer a los guatemaltecos colaborar con su Gobierno para la formación de un frente contra la delincuencia.
"Mientras nos peleamos, mientras nos preocupamos cómo calumniamos y cómo el presidente prepara su discurso para contraatacar se están fugando los presos y hay más inseguridad en el país", dijo el presidente al hacer un llamamiento a la reconciliación.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), el mayor de la oposición en el Congreso Legislativo, y la Alianza Nueva Nación (ANN), el único bloque parlamentario de izquierda, anunciaron que analizan las medidas impuestas pero apoyaron las acciones gubernamentales para la captura de los prófugos.
En un torrente de críticas, más de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos, campesinas y religiosas se pronunciaron contra el Estado de Alarma.
"¿Porqué nos quitan el derecho a la locomoción mientras los delincuentes andan libres?", se pregunta una alianza de organismos que en un manifiesto difundido anoche exige la re-captura de los fugitivos y la "inmediata" derogación del decreto.
El documento demanda al Gobierno garantizar la seguridad de las víctimas y sus familiares, así como la de jueces, fiscales, abogados y testigos que contribuyeron en el procesamiento de los fugados.
"El pueblo no debe tolerar que se le quiera hacer pagar las consecuencias de la incapacidad, del incumplimiento y de la complicidad de funcionarios y empleados del Estado involucrados en la fuga masiva", señala.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una de las entidades que suscriben la proclama, destaca por separado que el decreto ha sido emitido bajo un creciente desgobierno e inestabilidad política y económica.
Se trata, afirma, de "cortina de humo" para que el Gobierno continúe con sus acciones de impunidad, apruebe el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y controle cualquier acción social.
Para la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), el Estado de Alarma es propicio para cometer actos ilegales, abusos de autoridad, ejecuciones extrajudiciales o linchamientos por parte de las fuerzas de seguridad y aparatos clandestinos.
También puede servir para obstaculizar la aplicación de la Justicia y la lucha contra la impunidad, destaca la FRMT, que también firma la declaración.
La Fundación de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, llamó a la comunidad internacional y a la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) a vigilar la actuación del Gobierno.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, dijo que fue una decisión equivocada y expresó su deseo de que esté en vigencia por un tiempo prudencial.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de familiares de detenidos y desaparecidos, recuerda que el Estado de Alarma no fue impuesto ni en los peores años de la pasada guerra civil (1960-1996).
La eliminación de las cuatro garantías constitucionales citadas constituye un "duro revés" para el fortalecimiento de la administración de la justicia, la paz y la democracia, enfatiza.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, Nacion.com Fuente: agencias.
