EscucharMadrid . El Gobierno español acordó hoy solicitar al Reino Unido la extradición del ex general Augusto Pinochet, a quien el juez Baltasar Garzón acusa de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
El Ejecutivo que preside José María Aznar tramita así la petición de extradición presentada el martes pasado por el juez Garzón, quien hace tres semanas ordenó la detención en Londres del ex presidente chileno.
Se espera que la solicitud de extradición del hoy senador vitalicio esté entregada en el Ministerio del Interior británico el próximo martes, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El portavoz del Gobierno, José Piqué, explicó que el acuerdo será comunicado a la Audiencia Nacional, al Ministerio de Asuntos Exteriores "con remisión de la documentación correspondiente" y a la Dirección General de la Policía, en la denominada Sección Interpol.
Pinochet, que en 1973 derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, está en la actualidad en libertad provisional vigilada, a la espera de que cinco jueces supremos de la Cámara de los Lores se pronuncien sobre si el ex general goza de inmunidad soberana como dictaminó un alto tribunal británico la semana pasada.
El portavoz Piqué indicó que los delitos que se imputan en España a Pinochet se remontan al periodo comprendido entre 1973 y 1980, y recalcó que al solicitar su extradición "el Gobierno se limita a ser un mero correo de los jueces".
Este asunto, insistió Matutes, es "estrictamente judicial". "En ningún caso, queremos que (la petición de extradición) sea el resultado de una decisión política" y, por eso, "hemos mantenido en todo momento el respeto a la decisión de los jueces".
Matutes dijo que el Gobierno español está en contacto permanente con el chileno, que, aunque no comparte la posición de España en este asunto, "la comprende".
"En todas las decisiones hay elementos que confortan y otros que crean inconvenientes", dijo Matutes, quien reiteró que el Gobierno tramita la petición del juez de la Audiencia Nacional "le guste o no, en cumplimiento de las leyes".
Los dos ministros se refirieron al interés de ambos gobiernos por preservar las "históricas" relaciones de España con Chile.
Piqué expresó la "admiración" de España por la transición chilena y su respeto a la democracia, mientras que Matutes aseguró que en España preocupa la división en la sociedad chilena más que las peticiones de boicot a productos españoles o las agresiones, que consideró "son la excepción".
En todo caso, y sea cual sea la decisión de la Justicia británica, el Gobierno mantendrá "la misma posición del principio, de respeto estricto a las decisiones judiciales", insistió Piqué.
El jefe de la diplomacia española evitó en todo momento pronunciarse sobre las posibilidades que tiene la petición de extradición, sobre la posición del Gobierno británico o sobre los tribunales del Reino Unido, y concluyó que el Ejecutivo se mueve "en defensa de los intereses españoles".
Dos años de investigaciones
A la solicitud de extradición del ex general Pinochet se ha llegado después de dos años de investigaciones judiciales y de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarase, la semana pasada, que la Justicia española es competente para perseguir los crímenes cometidos durante las dictaduras de Argentina y Chile.
Esas investigaciones judiciales se abrieron en 1996 cuando el juez Garzón y su colega Manuel García Castellón comenzaron a instruir sendos sumarios sobre las desapariciones de españoles durante el regímen militar argentino (1976-1983) y chileno (1973-1990).
Garzón unió recientemente al sumario sobre el caso argentino las acciones realizadas en la "Operación Cóndor", como se conoce a la red que coordinó a los regímenes militares del Cono Sur para eliminar a los disidentes políticos en la década de los setenta.
Días después de ordenar, el pasado 16 de octubre, la detención de Pinochet por su relación con la "operación Cóndor", Garzón se hizo cargo también del caso chileno al inhibirse en su favor el juez García Castellón.
Hoy, poco antes de conocerse que el Gobierno español había solicitado la extradición de Pinochet, la fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que no recurrirá esa demanda, porque su oposición no hubiera suspendido la petición de entrega del ex jefe del Estado chileno.
Esta es la primera ocasión que el representante del Ministerio Público no recurre una diligencia decidida por el juez Garzón en relación a este caso.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, La Nación Digital.
