EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ahorrará ¢5.000 millones este año con el método más asombroso entre todos los imaginables. Simplemente, corregirá un error en el cual ha incurrido durante once años. Cuando la institución liquida a sus empleados por despido, pensión o muerte, les paga a ellos o a sus beneficiarios el 8,33% del salario por año laborado, aunque también entrega, a lo largo de la relación laboral, el 3% destinado por ley al Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
El FCL, creado por la Ley de Protección al Trabajador, recibe el 3% de los sueldos para auxiliar a los asalariados en caso de cesantía. El monto no se deduce del salario del trabajador. Lo paga directamente el patrono, en la práctica, como un adelanto parcial de la cesantía. Por eso es lícito deducir el 3% del 8,33% de indemnización que los patronos pagaban antes de la creación del FCL.
La CCSS nunca hizo la deducción, aunque la Ley de Protección al Trabajador tiene once años de vigencia. En el transcurso de esos años, los empleados de la institución recibieron, en la práctica, una cesantía del 11,33%. Nadie sabe cuánto se ha malgastado de esa manera. Solo este año, la entidad presupuestó ¢46.000 millones para pagar la cesantía de 1.250 empleados, y la corrección del error ahorrará ¢5.000 millones de lo presupuestado. Puede el lector adivinar, a partir de esos datos, la impensable dimensión del daño causado a la CCSS a lo largo de más de una década.
La suma es todavía mayor cuando se considera la decisión, adoptada en el 2008, de elevar el tope de la cesantía a 20 años, cuando el común de los trabajadores tiene un límite de ocho. La junta directiva de la CCSS planteó, este año, un plan para reducir el privilegio concedido por la administración del expresidente ejecutivo Eduardo Doryan. La eliminación de la ventaja no es total, pues la reducción del tope se hará de manera escalonada hasta el 2015, cuando se estabilizará, en 12 años, un 50% más que el beneficio concedido al común de los mortales.
En el transcurso de los últimos cuatro años, la institución pagó un 3% de más a miles de trabajadores cuyo tope de cesantía fue elevado artificialmente hasta los 20 años. Las prestaciones de esos empleados casi habrán cuadruplicado las recibidas por sus similares en el sector privado, cuyas cotizaciones financian los privilegios y, también, los “errores”. Así se hace justicia social en Costa Rica y así se contribuye con la precariedad financiera de una institución de tanta importancia.
Los ¢5.000 millones ahorrados este año, sumados al costo adicional del aumento en el tope de cesantía, habrían alcanzado, con creces, para pagar los ¢7.500 millones invertidos en el servicio de radioterapia del Hospital México, cuya ausencia obligó a la CCSS a pagar $14,3 millones a una empresa privada en el transcurso de los últimos nueve años.
Si a esos ahorros se les sumara la economía conseguida con la dramática caída de las incapacidades tras la aplicación de un dictamen de la Procuraduría General de la República a cuyo tenor los subsidios por enfermedad no pueden ser considerados salario y, en consecuencia, tampoco pueden ser utilizados para calcular aguinaldo, salario escolar, pensiones y prestaciones, la Caja pudo haber construido, cuando menos, otros cuatro servicios de radioterapia como el del Hospital México y le sobraría dinero.
El país no necesita cinco servicios de radioterapia de esas dimensiones, pero la falta de uno solo de ellos ha hecho la vida mucho más difícil a los enfermos de cáncer durante la última década.
Los cinco servicios de radioterapia, vale la pena reiterarlo, pudieron ser construidos con el ahorro de un solo año en los rubros de cesantía e incapacidades, pero, así como el “error” en el cálculo de la cesantía se ha extendido durante 11 años, el dictamen de la Procuraduría sobre las incapacidades, ratificado el año pasado, data de enero del 2000. En el transcurso de 11 años, las autoridades de la CCSS simplemente optaron por no aplicarlo. Haga el lector los cálculos.
