EscucharCAMBRIDGE – El plan de ayuda de 140.000 millones de dólares que el Gobierno griego ha recibido al final de sus socios de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional le da el respiro necesario para emprender la difícil tarea de poner en orden sus finanzas. El plan puede o no prevenir que España y Portugal acaben tan gravemente afectados o incluso evitar, de hecho, una posible quiebra griega. Sea cual fuere el resultado, está claro que el desastre griego ha dejado un ojo morado a la UE.
En el sentido más profundo, la crisis es otra manifestación de lo que yo llamo “el trilema de la economía mundial”; la mundialización económica, la democracia política y el Estado-nación son mutuamente irreconciliables. Podemos tener, como máximo, dos a la vez. La democracia es compatible con la soberanía nacional sólosi limitamos la mundialización. Si intensificamos la mundialización, al tiempo que conservamos el Estado-nación, debemos abandonar la democracia y, si queremos democracia junto con la mundialización, debemos dejar de lado el Estado-nación y luchar por un mayor gobierno internacional.
Desarrollo del “trilema”. La historia de la economía mundial muestra el trilema en pleno desarrollo. La primera era de la mundialización, que duró hasta 1914, fue un éxito mientras las políticas económicas y monetarias permanecieron aisladas de las presiones políticas internas. Entonces dichas políticas podían estar enteramente sometidas a las exigencias del patrón-oro y la libre movilidad de los capitales, pero, una vez que aumentó el derecho de voto, la clase obrera se organizó y la política de masas pasó a ser la norma, los objetivos económicos nacionales empezaron a competir con las normas y limitaciones exteriores y a arrollarlas.
El caso clásico es el del corto regreso de Gran Bretaña al patrón oro en el período de entreguerras. El intento de reconstituir el modelo de la mundialización anterior a la primera guerra mundial se desplomó en 1931, cuando las políticas interiores obligaron al Gobierno británico a elegir la reflación interior frente al patrón-oro.
Los arquitectos del régimen de Bretton Woods tuvieron presente esa enseñanza cuando prepararon una nueva concepción del sistema monetario en 1944. Entendieron que los países democráticos necesitarían margen para aplicar políticas monetarias y fiscales independientes. Por eso, solo previeron una “ligera” mundialización, con corrientes de capital limitadas en gran medida a préstamos y endeudamiento a largo plazo. John Maynard Keynes, quien formuló las normas junto con Harry Dexter White, no consideraba los controles de capitales un expediente temporal, sino un rasgo permanente de la economía mundial.
El régimen de Bretton Woods se desplomó en el decenio de 1970 a consecuencia de la incapacidad o la renuencia –no está claro de cuál de ellas se trató– de los Gobiernos principales a gestionar la oleada en aumento de corrientes de capital.
La tercera vía revelada por el trilema es la de la supresión completa de la soberanía nacional. En ese caso, la integración económica puede ir acompañada de la democracia mediante la unión política de Estados. Entonces, la pérdida de la soberanía nacional queda compensada por la “internacionalización” de la política democrática. Se debe considerarla una versión mundial del federalismo.
Los Estados Unidos, por ejemplo, crearon un mercado nacional unificado, una vez que su gobierno federal arrebató el suficiente control político a los estados individuales. No fue un proceso fácil precisamente, como lo demuestra más que de sobra la guerra civil americana.
Las dificultades de la UE se deben a que la crisis financiera mundial afectó a Europa a mitad de camino en un proceso similar. Los dirigentes europeos siempre han entendido que la unión económica debía tener una pata política para sostenerse. Aun cuando algunos, como, por ejemplo, Gran Bretaña, deseaban conceder a la Unión el menor poder posible, la fuerza de la argumentación correspondió a quienes propugnaron la integración política junto con la económica. Aun así, el proyecto político europeo adquirió una amplitud política mucho menor que la económica.
Grecia se benefició de una moneda común, mercados unificados de capitales y libre cambio con los demás Estados miembros, pero no tiene un acceso automático a un prestador europeo como último recurso. Sus ciudadanos no reciben subsidio de desempleo de Bruselas del mismo modo, por ejemplo, que los californianos lo reciben de Washington, D. C., cuando California padece una recesión. Como tampoco, dadas las barreras linguísticas y culturales, pueden los desempleados griegos cruzar las fronteras y trasladarse con la misma facilidad a un Estado europeo más próspero y, si los mercados advierten que su Gobierno es insolvente, los bancos y las empresas griegos pierden solvencia, junto con él.
Por su parte, los Gobiernos francés y alemán no han tenido voz y voto respecto de las políticas presupuestarias de Grecia. No pudieron impedir que el Gobierno griego tomara préstamos (indirectos) del Banco Central Europeo, mientras las agencias de calificación crediticia consideraron solvente la deuda griega. Si Grecia opta por quebrar, no pueden aplicar las reclamaciones de sus bancos a los prestatarios griegos ni incautarse de activos griegos. Como tampoco pueden impedir a Grecia abandonar la zona del euro.
Crisis profunda. Lo que todo eso significa es que la crisis financiera ha resultado ser mucho más profunda y su resolución considerablemente más complicada de lo necesario. Los Gobiernos francés y alemán han acabado preparando a regañadientes un importante plan de préstamo, pero con un retraso considerable y con el apoyo del FMI. El BCE ha reducido el umbral de solvencia que los valores griegos deben cumplir para permitir la continuación del endeudamiento griego.
El éxito del rescate dista de estar asegurado, en vista de la magnitud de la reducción de gasto que exige y la hostilidad que ha inspirado a los trabajadores griegos. En última instancia, la política interior puede más que los acreedores extranjeros.
La crisis ha revelado hasta qué punto son exigentes las condiciones políticas previas de la mundialización. Revela hasta qué punto deben evolucionar las instituciones europeas para sostener un mercado único sólido. La alternativa que afronta la UE es la misma en otras partes del mundo: o integrarse políticamente o reducir la unificación económica.
Antes de la crisis, Europa parecía el candidato más probable a hacer una transición lograda hasta el primer equilibrio: una mayor unificación política. Ahora su proyecto económico está hecho trizas, mientras que la capacidad de dirección necesaria para reavivar la integración política brilla por su ausencia.
Lo mejor que se puede decir es que Europa no podrá seguir aplazando la elección de una de las dos opciones de la alternativa que el caso griego ha dejado al descubierto. Desde una posición optimista, se podría concluir que, por esa razón, Europa acabará fortalecida en última instancia.
