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El exdirector regional del Conavi en Limón y jefe ejecutor del proyecto de la trocha fronteriza, Manuel Serrano, aseguró ayer ante diputados que la urgencia de las obras impidió fiscalizar el correcto otorgamiento de contratos y el uso adecuado de los recursos.
Serrano, quien figura como “sospechoso” en la causa abierta en el Ministerio Público en torno a la trocha, dijo que nunca tuvo posibilidades reales de contestar los requerimientos de la auditoría interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). “Se me puso a trabajar en condiciones inimaginables”, declaró ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
“Los expedientes estaban en la oficina, pero eran 150 ampos y yo no tenía secretaria. Yo estaba fiscalizando 600 kilómetros de carretera en el campo”, contestó Serrano ante una pregunta de la diputada oficialista María Ocampo.
La comisión legislativa indaga el manejo de recursos y posibles responsabilidades en torno a la vía construida paralela a la frontera con Nicaragua por motivos de seguridad nacional.
Varios legisladores cuestionaron a Serrano por el descontrol con los cientos de millones de colones invertidos en la trocha, y él admitió que la única fiscalización en la mayor parte del proyecto la desempeñaban “las comunidades” aledañas a la frontera.
Esto, debido a que durante siete meses las obras se desarrollaron bajo el concepto de “emergencia” y sin una estructura necesaria para un proyecto valorado inicialmente en ¢20.000 millones, de los cuales ya se han gastado ¢17.000 millones.
Agregó que Carlos Acosta, entonces director del Conavi, quiso frenar las obras en varios momentos, pero siempre les dijeron “no frenen, tienen que entregar la obra”.
“Yo cumplía con obedecer, sabiendo que en su momento no había decreto de emergencias y que eso no eran rutas nacionales. Siempre hubo premura”, lo que motivaba entonces las contrataciones directas a los constructores privados, según lo que afirmó Serrano.
El exfuncionario dijo que siempre le pidieron trabajar contra el tiempo y sin darle las condiciones necesarias, lo que explica “el desorden y la ineficiencia”.
Ante una consulta del socialcristiano Wálter Céspedes, Serrano admitió ser cabeza de la unidad ejecutora del proyecto de la trocha en el Conavi.
El diputado Manrique Oviedo le pidió concretar quién le dio esas órdenes, y Serrano respondió: “Don Luis Liberman”, como miembro de un grupo de “alto nivel”, que también integraban los entonces ministros Francisco Jiménez (MOPT) y José María Tijerino (Seguridad).
El vicepresidente Liberman dijo que nunca dio órdenes a ninguna institución, aunque sí participó en el asunto para buscar financiamiento rápido pues había razones “de seguridad y de soberanía”.
Liberman recordó que había una “emergencia ocasionada por la invasión nicaraguense”.
Serrano se desmarcó de cualquier vinculación con dinero. Contestó que nunca cobró dinero a los contratistas y ni siquiera supo el origen de los fondos para construir la trocha. “¿De dónde venían los recursos? Lo ignoro. Ahí estaba Casa Presidencial diciendo ‘continúen, necesitamos hacer los trabajos’”, añadió Serrano.
Serrano compareció durante dos horas, pero evitó hablar bajo juramento de verdad, debido a que figura como “sospechoso” en una causa abierta por el Ministerio Público y corría peligro de acabar dando pruebas contra sí mismo, explicó el abogado José Miguel Villalobos, quien lo acompañó.
Si las circunstancias lo pusieran de nuevo en esas situaciones, como le planteó el diputado oficialista Víctor Hugo Víquez, actuaría igual. “Yo tendría que volver a hacerlo”, pues adujo que todo se hizo siempre “siguiendo órdenes que venían de arriba hacia abajo”.
La construcción de la trocha fue una decisión adoptada como consecuencia del conflicto con Nicaragua en torno a isla Calero, y con el argumento de que los policías ticos debían tener una vía para patrullar la zona fronteriza.
Pese a la inversión, tramos de la vía están intransitables por caída de puentes y hundimientos. El Gobierno está decidido a completar los 600 km de vías fronterizas.
Tras conocerse sobre posibles irregularidades en este proyecto, la presidenta Laura Chinchilla separó al ministro Jiménez, quien compareció la semana pasada y aseguró que las decisiones se adoptaron “en Zapote”.
