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Paso Canoas (frontera con Panamá). Dos acusaciones por supuesta tala ilegal, movimientos de tierra y otras acciones que estarían afectando el ambiente en una finca en la zona sur, afronta --desde la semana anterior-- la empresa aceitera Palma Tica.
Las denuncias fueron interpuestas por Juan Figuerola Landi, en representación de los vecinos de la localidad de La Palma, cantón de Corredores, y por la subsede regional del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en Río Claro de Guaycará, Golfito.
Representantes de la compañía dijeron que aún no han sido notificados, pero que en el momento en que ello ocurra responderán para demostrar que no han infringido ninguna legislación y que el interés de Palma Tica es "... llevar progreso en armonía con la naturaleza".
Los reclamos contra esa empresa salieron a flote a principios de febrero. Fue Figuerola Landi quien expuso --a A su servicio-- su preocupación por trabajos efectuados por Palma Tica, los cuales, aseveró, estaban afectando el caudal de varias quebradas importantes.
En ese momento, el gerente de la División de Coto 47 de Palma Tica, Carlos Matamoros Mico, replicó que nunca habían efectuado cortas de árboles en áreas prohibidas ni obras que dañaran los bosques.
Que si, que no...
Sin embargo, el pulso entre los quejosos y la compañía continúa, pese a que el 1º de febrero el MINAE pidió, entre otras recomendaciones, a Palma Tica abstenerse de talar en bosques primario y secundario. También la instó a proteger el recurso hídrico del sector de La Palma, un caserío del distrito de Canoas. (Véase mapa adjunto.)
Ante la insistencia de los vecinos, José Rizo y Víctor Mena, funcionarios del MINAE en la zona, inspeccionaron la finca La Palma. En un informe de la subsede regional del MINAE, se consignó que "se constató que la empresa no cumplía las recomendaciones emitidas por esta oficina..." Agregó que se verificó que en ciertas áreas de mantos acuíferos no se respetaron las medidas mínimas de protección de agua para zonas rurales".
Tres días después y a raíz de ese informe, el MINAE ordenó a Palma Tica la paralización preventiva de los trabajos.
No obstante, el 19 de marzo un equipo de La Nación realizó un recorrido con vecinos y dos guardias rurales por la finca en cuestión. Una draga realizaba labores para canalizar la quebrada La Palma hacia las plantaciones de palma aceitera, según dijo el operador Carlos Sandí. No lejos de ahí, trabajadores de la compañía cortaban árboles.
Ese mismo día, Juan Figuerola puso la denuncia ante la Agencia Fiscal de Corredores, como consta en la causa Nº 208-97-2. Esa misma oficina recibió, el viernes pasado, otra acusación formal del jefe de la subsede regional del MINAE en Río Claro, Rolando Chacón.
Chacón detalló --entre otras-- las siguientes anomalías que halló en una visita realizada el 19 de marzo a la finca: tala ilegal de especies maderables, eliminación de vegetación existente en la zona de protección de una quebrada y destrucción de varios ecosistemas; irrespeto de zonas de protección en áreas de humedales y movimientos de tierra en la quebrada La Palma (que fue dragada), lo que aparentemente provocó daño a su cauce.
También solicitó una inspección ocular, así como el inicio del proceso judicial contra la empresa, a la que acusa de haber infringido las leyes del Ambiente, de Conservación de la Vida Silvestre y Forestal, entre otras.
Frente a tales cargos, Matamoros Mico explicó que lo que han hecho es limpiar las orillas de la quebrada. También se refirió a la corta de charrales, necesaria para preparar el terreno y tenerlo listo para abril, cuando se empiece a sembrar la palma de la cual se extrae el aceite.
"Tenemos intenciones de llevar progreso en armonía con la naturaleza", enfatizó.
Por otro lado, el representante legal de la empresa, Javier León, y el gerente general, Alfredo Villavicencio, dijeron que esperan ser notificados. "Nos defenderemos en forma apropiada, haciendo ver que la compañía ha respetado las leyes del país, como se hace siempre", señaló León.
Resaltaron que Palma Tica siempre pide los permisos correspondientes y que es posible que haya divergencia de criterios entre lo que el MINAE cree que es correcto y lo que otras personas pueden considerar como tal.
