EscucharLos diputados tienen empantanada su promesa de impulsar una reforma reglamentaria que agilice la tramitación de proyectos de ley en el Congreso.
En medio de un babel legislativo que vuelve imposible el consenso, los jefes de las ocho fracciones defienden a capa y espada su propia propuesta, sin que a la fecha exista el acuerdo para aprobar una reforma que cambie las cosas en Cuesta de Moras.
El ascenso de la alianza de oposición al Directorio del Congreso el 2 de mayo incluyó un compromiso para mejorar el tránsito de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.
El presidente legislativo, Juan Carlos Mendoza, reactivó la comisión de reformas al Reglamento Legislativo y, tras un acuerdo de bancadas, definió que los integrantes fueran los jefes de cada fracción.
Sin embargo, la primera sesión del panel tuvo que esperar tres meses después de la toma del poder por parte de la oposición para que se iniciaran las sesiones.
A la fecha, la comisión solo ha sesionado cuatro veces, en las cuales llevan aprobadas cuatro reformas parciales, sin embargo, tanto Mendoza como los jefes de bancada aceptan que no hay consenso para entrar a los temas duros.
“No se ha podido llegar a un acuerdo sobre cuál tema de fondo abordar primero, estamos en busca de esa voluntad”, aceptó Mendoza.
El congresista evitó hablar de su visión de reforma y dejó eso en manos de los jefes de bancada.
El jefe del PLN, Luis Gerardo Villanueva, afirma que la alianza opositora no tiene voluntad política para abordar los temas escabrosos.
El parlamentario apuesta por una reforma que establezca un plazo no mayor de un mes para que los proyectos de ley salgan de comisión y no más de un año para que finalice todo el proceso necesario para determinar si un proyecto pasa a ser ley o se archiva.
Tampoco tienen idea de cómo ponerse de acuerdo sobre si mantienen o no la obligación de que las sesiones se sostengan con un quórum de 38 legisladores.
Además, hay dos bancadas, el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), que quieren eliminar la consulta facultativa de constitucionalidad.
Esta consulta es la que los legisladores pueden hacer a la Sala Constitucional sobre cualquier proyecto de ley luego de aprobado en primer debate.
Para enviarla a la Sala, se requiere la firma de diez diputados. Una vez admitida, los magistrados tienen un mes para resolverla. Este procedimiento retrasa la aprobación de los planes de ley y se usa como un mecanismo de presión.
Los temas están sobre la mesa. En el Congreso hay 20 proyectos de ley que plantean cambios al reglamento, sin embargo el consenso sigue sin aparecer.
