19 marzo, 2011

Cuando haga o le hagan un comentario en contra del uso del lenguaje inclusivo del tipo “es deformar el idioma castellano”, “yo no hablo así porque no me gusta cómo suena” o “eso ya es exagerar”, le sugiero reflexione sobre las próximas líneas.

El lenguaje y la Real Academia Española. Las leyes del idioma no son naturales, ni pétreas ni mandatos divinos. El lenguaje es una entidad viva, cambiante, que sufre modificaciones al paso de los cambios en la sociedad. La costumbre y el uso en los idiomas son elementos determinantes que están por encima del criterio de la RAE, ya que la función de esta es el reconocer los resultados de esa dinámica que hace evolucionar la lengua. Se entendería entonces que la RAE, en cumplimiento de su papel, podría aceptar el lenguaje inclusivo como una regla más, entre las muchas otras que ya tiene nuestro idioma. Es evidente que hay algo que la detiene. Conviene, entonces, cuestionarse sobre las razones que la motivan a negarse a hacerlo.

El masculino como género. El contexto nacional nos muestra una marcada tendencia a manifestaciones cotidianas de violencia de género. Estas incluyen todas las formas de discriminación por género que vivimos, día a día, las mujeres costarricenses. El lenguaje reproduce esa realidad. Es un útil instrumento para ayudar a sostener esta situación, en tanto refleja esa violencia dirigida ferozmente en contra de las mujeres. Ejemplo de esto es el llamado “genérico masculino”, que tiene por referente de ser humano a los “hombres” (macho, varón). Si decimos “los ciudadanos”, nos podemos referir a hombres y mujeres pero si decimos “las ciudadanas”, según las normas de la RAE, solo podemos hacer mención a mujeres. Entonces, ese “masculino”, mal llamado genérico, resulta distar mucho de ser “genérico”, porque excluye lo femenino (hembra, mujer), aun si no hubiera una intención consciente de esta discriminación.

Los derechos humanos y el Estado costarricense. Ante el alegato de que somos pocas las mujeres que nos sentimos discriminadas por el uso del masculino como genérico, hago énfasis en el siguiente párrafo sobre cómo el desconocimiento de la normativa en derechos humanos no valida su violación. El consenso de una mayoría tampoco lo justifica, ya que en materia de derechos humanos, una mayoría no puede decidir sobre una minoría.

En un Estado de derecho como el nuestro, que ha ratificado numerosos instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos, como la Cedaw, en la cual reconoce su obligación de coadyuvar a la modificación de todas las costumbres costarricenses que sean discriminatorias hacia las mujeres, el uso del lenguaje inclusivo no es una recomendación. Es una obligación jurídica y un compromiso ético. Su uso no debería depender, por lo tanto, de la aceptación caprichosa de la RAE.

Algunas características de los derechos humanos son la irrenunciabilidad y la exigibilidad. La persona nunca los pierde, aun cuando no tenga conocimiento de su existencia y desconozca la posibilidad de exigir su cumplimiento. No cabe aceptar una violación a un derecho humano por existir anuencia de quien lo ostenta. Los derechos humanos, además, no dependen de su reconocimiento. Son inalienables, universales e inherentes al ser humano por el solo hecho de ser persona. Tanto los Estados como los individuos tienen el deber de reconocerlos, promoverlos, protegerlos y defenderlos. El uso del “genérico masculino” no solo es ofensivo y discriminatorio, sino que además ayuda a perpetrar la violencia de género. Por lo tanto, el no hacer uso del lenguaje inclusivo en los entes e instituciones estatales no solo constituye un error, sino que podría llegar a ser el incumplimiento de una obligación jurídica.

El deber ser y el ser. El uso del lenguaje inclusivo puede causar escozor, pero si fuera solo por esto, muchas personas en nuestra sociedad no tendríamos los derechos que al menos de iure gozamos y nos veríamos excluidas y excluidos por nuestro género, creencia, educación, etnia, etc. Habrá siempre quienes digan que les molesta o que les desagrada el uso del lenguaje inclusivo, incluso con el argumento de economía linguística o respeto al criterio de la RAE. Lo cierto es que en nuestras cotidianidades, nos vemos en la obligatoriedad de actuar de cierta manera, aunque personalmente nos incomode o nos parezca sin sentido. Esto significa que nuestra libertad se ve siempre limitada, ya que aceptar vivir en un Estado de derecho, nos impone una sujeción: el acatamiento de la normativa. El atentar contra los derechos de las otras personas nos traza un límite, en especial en materia de derechos humanos. La consecuencia lógica es, entonces, no solo el reivindicar el lenguaje inclusivo, sino que el rechazo absoluto a toda aquella expresión del lenguaje que sea ofensiva o discriminatoria para un sector mayoritario o minoritario de la población.

Nuestro presente y futuro. El lenguaje inclusivo no pretende ser una solución mágica a la violencia de género. Una vocal, como me han dicho, no corrige una cultura que enaltece lo masculino y que excluye lo femenino de lo genérico. Idealmente, todas las personas utilizaríamos, natural y espontáneamente, el lenguaje inclusivo pero esa no es la realidad. Por lo tanto, mientras llegamos a esa realidad, el Estado tiene la obligación de hacer uso del lenguaje inclusivo en todo documento, discurso y comunicación y promoverlo en los centros de enseñanza aunque por ahora se siga encubriendo una realidad cultural, en la cual las mujeres seguimos siendo víctimas de todos los tipos de violencia.

Ante esto, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos el deber de trabajar arduamente para acercarnos más a una sociedad que sea solidaria, respetuosa e inclusiva de las diversidades, recordando siempre que los derechos humanos no se negocian: se respetan.