Escuchar“El poder tiende a corromper' y mucho poder corrompe mucho”, sentenció un distinguido pensador. Esto es verdad ahora como lo fue en 1887, cuando lo dijo Lord Acton, y se aplica tanto para la organización económica como para los regímenes políticos. El ideal en uno y otro caso es repartir el poder entre el mayor número de actores. En la economía el mercado competitivo es el que más poder reparte; el monopolio el que más concentra. En la política, la democracia y la dictadura representan uno y otro extremo.
Como en otros países, en Costa Rica consideramos que debe operar un balance “de oro” entre mercado y Estado, pero en la definición de cuál ha de ser ese balance se observan grandes diferencias, pues mientras unos oponen al mercado real un Estado ideal, otros hacen lo contrario. Pero, ¿qué tal comparar real con real?
Si somos realistas, notaremos que el mercado, al estar regido por el lucro, incorpora algunos elementos que, en ciertas condiciones, podrían tornarse lesivos al interés general –entendido este como el interés coincidente de la gente, no como algo abstracto y desvinculado del interés particular–.
El monopolista siempre tratará de aprovecharse de las necesidades de sus clientes y, para maximizar su beneficio, vende a precios superiores al costo marginal de producción. Esto se puede controlar propiciando la competencia, para que los actores se regulen entre sí, de modo que si un empleador quiere pagar muy poco a sus trabajadores, o cobrar mucho por sus productos, rápidamente se quedará sin empleados y sin clientes. En casos extremos, de monopolio natural, no queda otra que recurrir a la figura del Estado, para que regule la actividad.
Intereses personales. Pero al recurrir al Estado, hemos de tener plena conciencia de que, en el mundo real, por él actúan personas concretas, de carne y hueso, con nombre, apellidos y número de cédula, extraídas del mismo entorno de donde salen los empresarios y los demás ciudadanos, no del cielo, y que tienen intereses particulares. Si a estos señores, o señoras, se les deja sueltos, tratarán en no pocos casos, de interponer su interés al de sus representados. (No sé por qué razón se me viene a la mente el sindicato de Japdeva; y a veces el del ICE).
La contratación de amigos para que hagan consultorías con términos de referencia laxos y jugosa paga, las incapacidades en grupo y por larguísimos plazos, el uso de avionetas, helicópteros y lanchas públicos con fines privados, la dádiva a cambio de influencia, el que buena parte del “gasto social” se quede en la manguera (es decir, que los beneficiarios de él sean los propios proveedores del servicio) son ejemplos por tener presente.
Lo anterior obliga a sujetar a una serie de controles en el actuar del sector público. Y claro que esos controles le restan agilidad; pero en buena hora, porque la agilidad plena llevaría a que, tarde o temprano, lo capture la burocracia. Otros ven al Estado como fuente de grandes males, muy expuesto a la corrupción, y por ello no quieren encomendarle nada. También esto es improcedente, pues muchos (ciertamente la mayoría) de los servidores públicos son honestos, diligentes y eficaces.
Papel subsidiario. Por ello, para reconciliar lo mejor del mercado con lo mejor del Estado, procede asignar a este un papel subsidiario; es decir, que no haga lo que la iniciativa privada puede y quiere hacer. El estado no debe ser pulpero ni productor de guaro.
Otro elemento a propiciar es el de la alternabilidad en el poder, pues cuando una misma agrupación política (o familia) se sucede en el gobierno, logra copar todos los cargos públicos de decisión y control: las juntas directivas, las gerencias generales y departamentales del Gobierno Central y de los entes que deberían ser “autónomos”, las embajadas y consulados, las proveedurías públicas, las aduanas y hasta las auditorías internas y consejerías legales de todos ellos.
Desaparecen los pesos y contrapesos y eso es fácilmente explotable mediante una eficaz red telefónica interna, de correo electrónico y de servilismo.
El poder corrompe. Mucho poder corrompe mucho. Debemos, por tanto, buscar soluciones a este problema. La denuncia valiente y la libertad de prensa constituyen eficaces aliados de la sociedad en este sentido. También la alternabilidad en el poder. El voto, más que para poner a los gobernantes, ha de servir para quitarlos.
