Escuchar“SALVADOR. Un asesinato”: con este titular, el periódico josefino Mentor Costarricense destacó, el 19 de julio de 1845, la muerte de Braulio Carrillo Colina en la nación cuzcatleca.
Ese trágico destino había tenido su primer acto años antes, cuando Braulio Carrillo fue despojado del Poder Ejecutivo a causa de un acuerdo suscrito por el general invasor de origen hondureño Francisco Morazán y el brigadier salvadoreño Vicente Villaseñor, hombre de confianza de Carrillo.
Ese convenio destituyó a Carrillo como jefe de Estado, determinó su expulsión del territorio costarricense e instaló a Morazán en su lugar. Dicho acuerdo se conoce como el Pacto del Jocote y se suscribió el 11 de abril de 1842 en la ciudad de Alajuela.
Braulio Carrillo había gobernado a Costa Rica con mano férrea, y quizá por ello se había ganado múltiples enemigos. Por esto, su salida fue bien recibida por diversos militares y hombres de Estado.
Entre quienes firmaron el Pacto del Jocote estuvieron Florentino Alfaro, el rico comerciante Vicente Aguilar, José María Zamora, Alejandro Escalante y otras figuras del ámbito local.
Según el historiador Ricardo Fernández Guardia, Carrillo partió de Puntarenas el 15 de abril de 1842 con dirección a El Salvador en un viaje sin retorno.
Disputa personal. En la nación cuzcatleca, Carrillo se dedicó a su profesión de abogado y a gestionar negocios particulares que pudo ejecutar con los escasos recursos reuni-dos antes de su expulsión.
En Costa Rica, su carisma natural lo había llevado a ocupar la presidencia de los tres poderes del Estado. En El Salvador, Carrillo preservaba importantes vínculos, surgidos de cuando fue representante diplomático costarricense ante el Congreso Federal en 1834.
Sin embargo, un viejo litigio por la propiedad de una mina entre Carrillo y el capitán del ejército salvadoreño Domingo Lagos formaba parte de una enconada disputa con tintes de enemistad entre ambos.
El asunto quedaría dirimido de forma trágica: por un lado, Carrillo, asesinado con saña por un pelotón de hombres a los que Lagos dirigió; por otra parte, el mismo Lagos, degradado militarmente y condenado a ser fusilado por decisión unánime de un consejo de guerra.
La captura. El exgobernante había vivido antes en la zona de San Miguel de El Salvador, y ahora se encontraba establecido en 1845 en un pueblo llamado Sociedad, perteneciente al departamento de Morazán.
A mediados de mayo de 1845, informaron a Carrillo de que un contingente de veinte infantes y diez dragones del ejército salvadoreño, al mando del capitán Lagos, había sido comisionado para capturar a un grupo de soldados desertores del Cuartel General.
El grupo persecutor llegó hasta los límites de la frontera con Honduras, pero sin más éxito que haber hallado diez carabinas abandonadas.
Para el regreso, esos militares disponían de múltiples rutas de acceso franco, pero Lagos seleccionó un intrincado camino que lo llevó hasta el pueblo de Sociedad.
Alertado de estos movimientos, Carrillo abandonó su casa antes de que Lagos arribase a ella. El exgobernante se ubicó en un escondite distante media legua (unos dos kilómetros) del pueblo.
Sin embargo, pocos beneficios logró Carrillo con esa prevención. Los militares enviados por Lagos amenazaron y golpearon –hasta romperle la cabeza– a Juan Luna, servidor de Carrillo.
Cruelmente maltratado, Luna dio las señas del refugio y guio al contingente hasta el sitio donde se escondía Carrillo; allí lo encontraron.
Lagos despreció los derechos que el pasaporte otorgaba a Carrillo y negó toda consideración a las leyes de su país y a un exgobernante de un Estado vecino. De inmediato, el capitán ordenó el fusilamiento de Carrillo y vitoreó al gobierno de El Salvador mientras se producía la ilegal ejecución.
La inquina de Lagos contra Carrillo llegaba al aborrecimiento, según determinó la investigación sumaria del Consejo de guerra, transcrita después por el número 98 del Mentor Costarricense.
Otra ejecución. Luego del fusilamiento, Lagos despojó el cadáver de los bienes que llevaba y de unos cinco o seis pesos, que distribuyó entre los soldados.
Adicionalmente, Lagos dirigió una carta al alcalde de Sociedad para que embargase todos los bienes e intereses vinculados con Carrillo.
El consejo de guerra que analizó ese asesinato, determinó que no había existido motivo razonable que hubiese inducido a fusilar a Carrillo; más bien, el consejo encontró móviles particulares
Además, el homicidio tuvo el agravante de la alevosía; así, el consejo de guerra resaltó los muchos balazos que Carrillo recibió, hasta el extremo de dejar muy desfiguradas sus facciones.
El 20 de mayo de 1845, cinco días después de cometido aquel asesinato, el consejo de guerra –encabezado por el fiscal, coronel José María Aguado– determinó la absolución de los subalternos del capitán Lagos pues habían actuado bajo órdenes.
Sin embargo, Lagos no corrió con igual suerte: fue degradado y se lo sentenció a que fuese fusilado como único responsable de la muerte de Braulio Carrillo.
Más tarde, con pena, el gobierno salvadoreño comunicó los hechos ante las autoridades de Costa Rica. El periódico de gobierno, Mentor Costarricense, reprodujo la sentencia y el desenlace del caso.
De nuestros gobernantes, solo Juan Rafael Mora Porras acompaña a Braulio Carrillo en un final tan lamentable: el fusilamiento.
EL AUTOR ES ENCARGADO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNED Y PROFESOR DE HISTORIA EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UCR.
