EscucharDesde hace varios años el discurso político y la labor (des)informativa de ciertos medios de comunicación –por razones divergentes unos y otros– han alimentado la idea de que existe una marcada oposición entre el “ciudadano”, sublimado como alguien honesto y trabajador, y el “delincuente”, que se clasifica como un sujeto extraño a la sociedad civilizada, como un “no ciudadano”, que en virtud de la transgresión de ciertas normas de convivencia social que motivan su categorización como criminal, conforme con la teoría del labeling approach , debe ser cercenado de la comunidad.
Realizada tal clasificación, resulta en extremo sencillo –casi natural– afirmar que los “delincuentes” no pueden tener los mismos derechos que el grueso de ciudadanos honestos y trabajadores que se ven desarmados frente a la creciente “clase” criminal. Y es que tal situación, de ser posible diferenciar en términos biológicos o antropológicos definidos los individuos civilizados de aquellos compelidos (por la razón que sea) a delinquir –como otrora lo consideraban las felizmente superadas teorías del positivismo criminológico– sería completamente admisible que a estos delincuentes se les aplicase normas especiales más rigurosas, dado que su situación sería divergente, lo que a su vez permitiría un tratamiento jurídico diferenciado.
Es lógico que ninguno de nosotros quiera proyectarse como un “delincuente”, imputado en un proceso penal, pero con el palpable fenómeno de expansión del derecho penal, cuyas repercusiones se observan en una amplia anticipación de la protección penal, el aumento en las penas, la creación de nuevos tipos penales, especialmente culposos y de peligro abstracto, y la disminución de las garantías procesales del encartado, cada vez es más plausible que cualquiera de nosotros ciudadanos pueda transmutar su posición a la del “enemigo”.
Distintos planos de discusión. El discurso de los abanderados de la “guerra contra la criminalidad” es simplista, chabacano y populista, lo que les proporciona la mayor cantidad de prosélitos dentro de la ciudadanía, mientras que los denominados garantistas son catalogados sin más como “alcahuetes” de la criminalidad y el sustento doctrinal que proclaman es demeritado con argucias fútiles de sus detractores.
Postular la disminución de garantías procesales del imputado y la categorización de una “clase” criminal es un grave atentado contra nuestro Estado de derecho, que nos acerca cada vez más a la lógica de un Estado autoritario, cuyas repercusiones no solo cobijan a dicha “clase” excluida, sino a toda la nación, de lo cual es prueba cualquiera de las cruentas dictaduras latinoamericanas o europeas del siglo pasado.
La ausencia de una discusión seria, respetuosa y fundamentada sobre el tema degenera en la marginación de quienes promulgan sottovoce un discurso respetuoso de los derechos propios de un Estado democrático como el nuestro y la proliferación y aceptación de un discurso politiquero burdo, que se vale de la necesidad de las personas de escuchar respuestas inmediatas, falaciosas y totalizantes, y encontrar un “chivo expiatorio” para problemas cuyo origen y solución se ubican mucho más allá de las leyes penales o su aplicación.
El papel del juez. Es difícil pensar que esta relativización de las leyes y las sanciones penales por parte de los medios de comunicación, los alféreces de la “mano dura” y la población en general, por reflejo directo de los dos agentes anteriores, pueda revertirse a corto plazo, por lo que los jueces y juezas de la República tendrán un papel de enorme relevancia para el mantenimiento de nuestro Estado de derecho.
Es preciso que los jueces se inmunicen ante la crítica encarnizada en muchas ocasiones y tomen sus decisiones sin presiones de ningún tipo, sometidos solamente a la Constitución y a las leyes, haciendo caso omiso a la cobertura mediática del asunto u otros factores exógenos o internos que pudieran afectar su resolución. Claro está que habrá situaciones difíciles en que se pondrá en entredicho la capacidad o incluso la honorabilidad del juzgador, al determinar una decisión “impopular”, pero frente a esto el juez deberá ser valiente y nunca anteponer sus intereses personales al fin último de la justicia.
La independencia interna y externa y la imparcialidad del juzgador representan la garantía esencial de una sana administración de justicia y de un Estado de derecho.
Ya lo declaraba el celebre jurista Eduardo Couture: “El día que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.
