EscucharEn este artículo se argumenta, primero, que es falso que el Consenso de Wash-ington pueda ser equiparado con una revolución neoliberal. En segundo lugar, que América Latina no podía continuar con su modelo de desarrollo, el cambio era ineludible. Tercero, que el Consenso se ha implementado solo parcialmente en Costa Rica. Cuarto, que la aplicación selectiva de reformas ha resultado en perjuicios para el crecimiento de la producción y la distribución del ingreso en detrimento del empleo de trabajadores y clase media; y, finalmente, se deja planteado que la agenda del Consenso no es completa.
El término Consenso de Wash-ington lo acuñó el investigador John Williamson, en 1989, como un intento de resumir las políticas que necesitaba América Latina para recuperar su dinamismo económico luego de la crisis de la deuda a inicios de la década de los ochenta y sobre las cuales había cierto consenso en Washington. El modelo de desarrollo que había seguido América Latina había hecho crisis irremediablemente.
La sustitución de importaciones y los intentos del Estado empresario habían encontrado sus límites. Estos se agravaron con los aumentos de precios del petróleo de los setentas, que, a su vez, dieron un nuevo oxígeno, pues el exceso de liquidez disponible encontró una demanda voraz para el financiamiento de los déficits fiscales y comerciales, hasta que estalló la crisis de la deuda externa. La reforma estructural devino inescapable.
Las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) cobraron un nuevo dinamismo en el apoyo a la reforma. La síntesis de Wil-liamson refleja el pensamiento de entonces de esas instituciones. No obstante, algunos cuestionamos que el rescate parecía más dirigido hacia los bancos que a los países. Se pretendían ajustes que protegían el valor nominal de las deudas. Con el tiempo, el mercado terminó imponiéndose y las deudas externas se depreciaron como parte también del ajuste.
La ofensiva política neoliberal se asociaba más con los Gobiernos de Reagan y Thatcher, cuya agenda incluía monetarismo, economía de la oferta (“supply side economics”), un Estado reducido a su mínima expresión y privatizaciones. De esto únicamente las privatizaciones aparecen en el Consenso.
En su definición original, el Consenso incluía diez puntos: 1. disciplina fiscal; 2. reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3. reforma tributaria; 4. liberalización de las tasas de interés; 5. tipos de cambio competitivos; 6. liberalización de las entradas de inversión extranjera directa; 7. liberalización comercial; 8. privatización; 9. desregulación; 10. promoción de derechos de propiedad.
Implementación de las reformas. Gran parte de las reformas del Consenso no se han adoptado en el país y son parte de las limitaciones al crecimiento y la estabilidad. La implementación parcial de la reforma ha tenido altos costos, en particular, destaca la falta de una reforma fiscal (reformas 1, 2, y 3).
El costo se paga por el lado del crecimiento con inestabilidad recurrente y necesidad de estabilizaciones; por inflaciones altas imbatibles, las cuales con causa de creciente desigualdad social; y limitaciones al gasto público, las cuales han debilitado un ataque frontal a la pobreza y han impedido importantes proyectos de infraestructura. Por su parte, las reformas 4, 5, 6 y 7 se han ejecutado con éxito. Es decir, se crearon las condiciones para el desarrollo de los sectores exportador y financiero.
Si bien esto ha generado dinamismo económico, este ha sido parcial, con consecuencias distributivas regresivas y ha limitado los mecanismos de movilidad social a disposición de los trabajadores y clase media. En cuanto a las privatizaciones, el elemento más ideológico del Consenso, se ejecutaron las referidas al Estado empresario en torno a Codesa, pero no en energía, telecomunicaciones, infraestructura, etc.; incluso las reformas más moderadas de apertura de monopolios y asociaciones público-privadas siguen encontrando obstáculos.
La desregulación de trámites y barreras de entrada es agenda pendiente, así como la promoción de derechos de propiedad. Es decir, tampoco se han implementado reformas que beneficiarían a productores para el mercado doméstico y en particular a las mypimes.
El Consenso de Washington incluía muchas medidas de sentido común, algunas quizás olvidadas por los excesos del estructuralismo latinoamericano, por ejemplo, en lo referido a la inflación; pero, en general, el Consenso no constituía la agenda ideológicamente cargada que algunos pretenden. Incluso, se puede argumentar que su aplicación parcial en Costa Rica, si bien ha generado dinamismo económico, también ha redundado en privilegios para los exportadores y sector financiero, pero sin que el Estado haya podido implementar gastos e inversiones para un desarrollo más equilibrado en lo sectorial y territorial, y equitativo en lo social.
Algunas de las limitaciones que tiene Costa Rica en su estabilidad macroeconómica, para mantener tasas elevadas de crecimiento sostenido y para combatir la pobreza y la desigualdad, tienen su origen, al menos en parte, en la falta de implementación de algunas recomendaciones básicas del Consenso de Washington.
Queda pendiente discutirse, además, si la agenda del Consenso es suficiente para lograr el desarrollo o si queda debiendo, y si en esas omisiones puede haber consecuencias también para el crecimiento y la distribución del ingreso.
