EscucharNumerosos especialistas, los organismos gubernamentales competentes y los propios servicios policiales suelen afirmar que la intervención policial tiene un impacto significativo en la disminución de la delincuencia. Se trata de otro de los mitos ampliamente difundidos que obstaculizan un adecuado planteamiento del tema, indispensable para su correcta solución.
Esta afirmación se basa generalmente en la evolución de las tasas delictivas: cuando estas aumentan, tales organismos y servicios suelen invocar la necesidad de aumentar significativamente los efectivos policiales –e incluso los poderes de sus miembros– para encarar exitosamente el fenómeno delictivo. Veamos estos dos aspectos.
Las tasas delictivasno deben considerarse como un instrumento idóneo para la evaluación de la Policía por las siguientes razones:
1. Los determinantes más importantes de la criminalidad (familia, educación, trabajo, frecuentaciones, entre otros) están fuera del control policial.
2. El peligro que supone su utilización, ya que la Policía puede, o bien atribuirse indebidamente el mérito de una disminución de las tasas de criminalidad, o bien pedir un incremento de sus efectivos y recursos cuando tales tasas aumentan.
3. Una mejora del servicio policial o de su imagen puede traducirse en un incremento de las denuncias hechas a la Policía, lo que no implica necesariamente un aumento de la criminalidad.
4. El conocido fenómeno del desplazamiento de la criminalidad cuando un sector geográfico es objeto de una presencia policial más acentuada.
En general, las tradicionales intervenciones policiales no suelen tener una incidencia significativa sobre la criminalidad, sino más bien sobre la percepción de inseguridad y la imagen de la institución.
El incremento de los efectivos policiales y la disminución de la delincuencia. En América Latina se observan importantes variaciones en la proporción de policías con respecto a la población que deben servir. En efecto, mientras que en Chile tal proporción era en 2000-2001 de un policía por 962 habitantes, en Guatemala era de 655, en Costa Rica de 381, en Panamá de 203 y en Uruguay de 171.
La referencia a tales tasas, frecuente en las publicaciones sobre el tema, solo debe hacerse con la finalidad de disponer de un indicador comparativo entre países, no habiendo, en principio, una tasa ideal de encuadramiento policial. Además, las cifras suministradas por los países raramente son homogéneas, debido a las diferencias en su cómputo, según se incluyan o no, tanto los diversos niveles policiales (central, provincial, municipal) y los servicios que realizan funciones de Policía administrativa especial (tráfico, inmigración, etc.) como el personal civil que lleva a cabo tareas de apoyo administrativo y mantenimiento.
Aunque ante el incremento de la criminalidad y del sentimiento de inseguridad los servicios policiales de varios países centroamericanos han solicitado –y a menudo han conseguido– un aumento de sus efectivos, este argumento se presta a críticas en una perspectiva de racionalización de los recursos humanos. En efecto, no se suele tener en cuenta, por ejemplo, que los policías dedican una parte considerable de su tiempo a tareas administrativas, trabajan por turnos y están exentos de servicio por diversas razones (vacaciones, permisos, asistencia a cursos de perfeccionamiento, entre otras), por lo que en la realidad el número de policías presentes en todo momento en lugares públicos es bastante bajo. También conviene subrayar que la lucha contra la delincuencia no es la función que representa la mayoría del tiempo de actuación de los agentes. La prestación de servicios variados de asistencia suele representar al menos un 60% de intervenciones.
A este respecto, quizás sea útil señalar que en Costa Rica la proporción de policías con respecto a la población que deben servir (aproximadamente un policía por 380 habitantes a principios de esta década) es similar a la que se observa en la Unión Europea (350) y en los Estados Unidos (400). Además, diversos estudios llevados a cabo sobre el tema por organismos de gran prestigio (el Home Office de Inglaterra y el Nacional Research Council de Estados Unidos) han mostrado no solamente que el aumento de policías –y sus tradicionales maneras de intervenir– no hacen disminuir la delincuencia, sino también que la Policía es más efectiva cuando orienta sus acciones a la solución de problemas abordando factores de riesgo específicos (por ejemplo, la eliminación de armas de fuego para reducir el número de homicidios o la detención de conductores ebrios para disminuir los accidentes fatales) y actúa en zonas de alto riesgo en asociación con otros organismos (educación, salud, trabajo). En resumen, la disminución de la delincuencia no se logra necesariamente aumentando los efectivos policiales, sino más bien con una intervención más sagaz de los actualmente disponibles.
