EscucharWASHINGTON (AFP) El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, visitó este miércoles el Departamento de Justicia en busca de mecanismos que permitan que paramilitares colombianos procesados en Estados Unidos por narcotráfico, puedan responder "al mismo tiempo" por delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia.
A la salida de sus reuniones, el mismo día en el que seis de los 14 paramilitares extraditados por el gobierno colombiano volvieron a la Corte en el capitalino Distrito de Columbia, Iguarán dijo a periodistas que acordó con el Departamento de Justicia norteamericano la instalación de mesas de trabajo para estudiar cómo "adelantar simultáneamente" los procesos contra los detenidos.
El gobierno colombiano enfrenta fuertes críticas de organizaciones humanitarias y grupos de víctimas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), por su decisión de extraditar a algunos de los principales jefes de ese grupo que se desmovilizaron en acuerdo con el Ejecutivo.
Estos grupos temen que no se haga justicia para los afectados en Colombia, toda vez que los paramilitares serán juzgados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y apoyo al terrorismo, y no por las atrocidades cometidas.
En el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz, el gobierno de Alvaro Uribe acordó con las AUC la desmovilización de unos 31.000 de sus miembros, y a cambio, prometió penas reducidas de prisión (ocho años como máximo) para los paramilitares que confesaran sus delitos e indemnizaran a sus víctimas, y aseguró su no extradición a Estados Unidos.
Uribe indicó al momento de explicar la decisión de extraditar a los 14 líderes paramilitares que eso se produjo porque siguieron delinquiendo desde su reclusión.
Consultado sobre si, al haber sido extraditados por continuar delinquiendo, los paramilitares quedan excluidos de la ley de Justicia y Paz, Iguarán explicó que todavía están incluidos en ese proceso y dijo que la voluntad del gobierno colombiano es que respondan también por delitos de lesa humanidad aunque se encuentren en Estados Unidos.
Iguarán explicó que en acuerdo con la Justicia norteamericana, buscarán mecanismos que permitan "adelantar el proceso de Justicia y Paz con fiscales colombianos", por ejemplo, mediante el uso de tecnología que posibilite la comunicación con los acusados.
El objetivo es que "al mismo tiempo, a la vez, a la par, pueda la Justicia colombiana continuar el proceso de Justicia y Paz", insistió.
La Ley de Justicia y Paz "permite que la pena se cumpla en el extranjero", añadió Iguarán.
El martes, el gobierno estadounidense aseguró a través del secretario adjunto de Estado para las Américas, Thomas Shannon, que "va a hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que no haya impunidad acerca de los crímenes que estos señores han cometido en Colombia, usando los instrumentos legales que existen dentro de Estados Unidos y Colombia".
Este miércoles tuvo lugar una nueva instancia de los procesos por narcotráfico y apoyo al terrorismo contra siete paramilitares en Washington, de los cuales seis comparecieron durante la jornada ante la Corte.
En una muestra de algunos de los argumentos que podrían utilizar los defensores de los extraditados, repartidos en cortes del Distrito de Columbia, Nueva York, Florida y Texas, la defensa de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', sostuvo qeu cuestionará la denominación de "terrorista" que Estados Unidos aplica a las AUC.
Dos de los acusados que comparecieron este miércoles, 'Macaco' y Juan Carlos Sierra Ramírez, solicitaron mejorar sus condiciones de reclusión -incluso un cambio de centro de detención y una evaluación médica en el último caso-, alternativa que les fue denegada a ambos.
En Colombia, donde los paramilitares gozaban de beneficios en sus condiciones de reclusión en el marco del acuerdo de desmovilización, como por ejemplo la tenencia de computadores y teléfonos, aún se desconoce el paradero de archivos informáticos y memorias de teléfonos celulares que desaparecieron de las cárceles donde estaban recluidos.
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