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En abril del 2008 el embajador de Estados Unidos en Nicaragua Paul Trivelli recomendó “vigorosamente” a su gobierno declarar la “inelegibilidad de visa por corrupción” del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, José Manuel Martínez Sevilla.
Según el cable diplomático escrito por el embajador Trivelli y revelado ahora por un acuerdo de
Tras el encuentro que sostuvo con el Cónsul General la recomendación final de los diplomáticos estadounidenses fue lapidaria, “la legación vigorosamente recomienda que el Departamento haga una determinación 212 (f) de inelegibilidad contra José Manuel Martínez Sevilla y que no (repetimos no) se le permita viajar más a los Estados Unidos”.
En las páginas previas a esta recomendación final, el embajador Trivelli justificó su recomendación trazando un sombrío perfil del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El diplomático atribuyó al magistrado Martínez Sevilla ser parte de la red de influencias que utilizaría el expresidente Arnoldo Alemán para ejercer control sobre las decisiones judiciales de la Corte y de haber ayudado al exmandatario nicaraguense a eludir la Justicia panameña.
Trivelli señaló además a Martínez Sevilla como uno de los “actores claves” que intervinieron en la liberación de dos colombianos acusados de narcotráfico; le atribuyó haber “recibido sobornos” y haber “manipulado el sistema judicial” para liberarlos.
En sus comentarios, el embajador de EE. UU. aseguró que Martínez Sevilla ocupa la presidencia de la Corte como resultado de un “pacto” entre el entonces dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega Saavedra, y el expresidente Arnoldo Alemán.
“Martínez ha sido un compinche cercano de Arnoldo Alemán durante décadas y fue elegido en la Corte debido a su lealtad con el expresidente (...) Como magistrado de la CSJ y como presidente de ella desde el 2005, Martínez ha usado sus puestos en la CSJ para enriquecerse personalmente y al PLC (Partido Liberal Conservador liderado por Arnoldo Alemán) ”, aseguró Trivelli en sus argumentos.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Martínez Sevilla negó al semanario
“Todos los jueces nombrados a la Corte Suprema del país deben lealtad o bien a Alemán o a Ortega, y sus decisiones en todos los casos delicados son descaradamente partidistas y políticas. Cada vez que hay vacantes en la Corte, Alemán y Ortega negocian paquetes de tratos mediante los que se reparten los nombramientos de manera pareja, pasando siempre por alto a los candidatos más experimentados y políticamente neutrales”, aseguró el embajador.
Dentro de ese esquema, Trivelli señaló que los delfines de cada bando en la Corte eran Martínez Sevilla para el PLC y el magistrado Rafael Solís para el FSLN.
El embajador resaltó que, además, ese esquema de cuotas se extendía a los niveles inferiores del sistema judicial.
“Martínez también usa su puesto para sembrar corrupción por todo el sistema judicial mediante nombramientos de jueces en cortes inferiores y, a cambio de ‘arreglar’ decisiones judiciales, acepta sobornos para su beneficio personal y para llenar las arcas del partido que Alemán controla”.
El embajador destacó en sus comentarios el impacto negativo y el temor que la conducta impropia atribuida a Martínez Sevilla y a otros magistrados había causado entre los inversionistas estadounidenses en Nicaragua.
El diplomático relató que luego d el escándalo público que se produjo tras la liberación de la colombiana Leyla Bucardo Sánchez (acusada de tráfico de drogas) y de la desaparición de $609.000 decomisados a ella y que estaban en custodia de la CSJ, la Procuraduría acusó a Martínez Sevilla y al magistrado Róger Arguello de malversación de fondos públicos y corrupción judicial.
Según el embajador, la investigación de la Procuraduría no podía avanzar si antes la Asamblea Nacional, controlada por Ortega y Alemán, no levantaba la inmunidad que tenían ambos funcionarios por los cargos que ocupaban.
Además, el entonces fiscal general Julio Centeno argumentó que solo la Fiscalía y no la Procuraduría tenía jurisdicción sobre las investigaciones penales y, en febrero del 2006 “archivó” la investigación y declaró que no había encontrado motivos para acusar a nadie.
De acuerdo con el relato de Trivelli, tres meses antes de que la Fiscalía archivara la causa, el presidente de la Corte, Martínez Sevilla declaró sobre este tema: “No hay procedimiento mediante el cual nosotros (los magistrados de la CSJ) podamos ser juzgados. La gente puede decir lo que quiera, pero nadie nos puede juzgar. Ni siquiera la Asamblea Nacional tiene el poder para juzgarnos”.
