EscucharQUITO (AFP) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el sábado que suspendería la negociación de un Acuerdo de Asociación y los diálogos con la UE tras la aprobación de la ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la comunidad europea, que tildó de criminal y vergonzosa.
"Por mí incluso suspendería esas negociaciones. Qué tenemos que hablar con una unidad de países que criminaliza a los migrantes (...) Acaso vamos a hablar sólo de negocios haciéndonos de la vista gorda con los derechos humanos y con esa doble moral de la Unión Europea (UE)", declaró Correa en su informe semanal transmitido por la televisión pública.
Agregó que además como presidente pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) "voy a explorar la posibilidad de cortar los diálogos con la Unión Europea (...) vamos a responder y fuertemente, ya basta de que nos pisoteen y nos humillen".
Ecuador integra la CAN que negocia el Acuerdo de Asociación con la UE, donde el Europarlamento aprobó el miércoles en Estrasburgo (este de Francia) la denominada Directiva Retorno, una polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos que establece un período de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.
Correa indicó que promoverá un "comunicado" de la CAN contra la Directiva Retorno y que "podríamos buscar respuestas claras, no retaliaciones. Estamos negociando un acuerdo de cooperación político y comercial" entre la subregión andina y la UE.
"¿De qué cooperación me está hablando (la UE) cuando se trata como criminales a los migrantes?", señaló.
"La Directiva que eufemísticamente Europa la llama del Retorno es la Directiva de la vergüenza. Europa, cuna del humanismo, de las luces, que nos da cátedra de moral y buenas costumbres, criminaliza la migración", declaró el mandatario ecuatoriano, quien el miércoles ya anticipó que impulsará un frente latinoamericano contra esa ley.
Con tono fuerte, Correa dijo que "esa Europa que promueve la globalización, la libre movilización de mercancía, la libre movilización de capitales, ahora mete presos a los seres humanos que se quieren movilizar libremente en su territorio".
"Esa falla administrativa, que es estar sin papeles, la convirtió en un delito que puede costar hasta 18 meses de cárcel y luego la expulsión, y muchas veces con la familia también. Qué increíble", enfatizó.
El presidente, quien el jueves en Quito conversó sobre el tema con la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, apuntó que "eso es una verdadera vergüenza que el mundo civilizado (...) lo tenemos que rechazar con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda nuestra energía.
Puntualizó que el "bienestar" de los europeos "depende de todo saqueo que hicieron en nuestros territorios. Hasta cuándo vamos a permitir tanta humillación, tanga indignidad".
Según Jiménez, España no prevé adoptar medidas migratorias contra unos 500.000 ecuatorianos que viven en ese país.
"Por parte del gobierno de España no se va a producir ningún cambio que pueda afectar a la comunidad ecuatoriana que reside en nuestro país", declaró la funcionaria en el marco de su visita a la capital ecuatoriana.
La medida europea desató críticas de diversos países latinoamericanos, e incluso el presidente peruano, Alan García, anunció que pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque a una Asamblea General para que se pronuncie sobre la ley aprobada por el Europarlamento.
© 2008 AFP
