El proceso de cierre final de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) duraría seis meses, y parte de los fondos que genere su liquidación se trasladarían a la atención de la emergencia en la zona sur.

Sin embargo, la posibilidad de que el desmantelamiento definitivo se ejecute en tan poco tiempo se encuentra sujeto al aval que puedan darle las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y la oposición socialcristiana, en los próximos días, a un texto alternativo, que conoció el miércoles la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
La nueva propuesta, segunda en discusión por este grupo de diputados, pretende:
- Trasladar los activos y bienes de CODESA al patrimonio del Estado.
- Los fondos sobrantes de la venta de las acciones y empresas que tenga en su poder, a la hora del cierre, pasarían a manos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
- Asignar al Banco Central la atención de las deudas por préstamos y acuerdos pendientes de liquidar con cualquier gobierno.
- Se nombrará un consejo de administración que tendrá un máximo de seis meses para que en ese plazo la entidad deje de operar en todas sus actividades, tanto financieras como administrativas.
El legislador de oposición propuso que tras el cierre, se constituyera un fondo para el apoyo en la modernización agroindustrial del país. Este se financiaría con los recursos que genere la venta de los activos de CODESA y con 0,09 por ciento del diferencial entre los tipos de compra y venta del dólar.
Sin embargo, este último punto encontró problemas, y Fajardo, según explicó la diputada Pizsk, estaría dispuesto a eliminarlo con el propósito de encontrar una redacción que reúna más criterios a favor.
Rodolfo Castro, presidente ejecutivo de CODESA, indicó que en estos momentos consideran más oportuna una ley de liquidación de la entidad que un proyecto que contemple la creación de un fondo especial. Agregó que en el traslado de fondos a la CNE, se pretende que ¢400 millones sean para la zona sur ahora y que los ¢1.300 millones -que semanas atrás una propuesta oficial pretendía utilizar en la adquisición de armamento- se orientarían también a la reconstrucción de los daños del huracán César.
El diputado Mario Carazo sostuvo que lo importante de la iniciativa es encontrar un mecanismo ágil para liquidar esa institución, pues así se "terminaría con un problema que desde mucho tiempo atrás ha tenido el país, por la existencia de un organismo que no tiene razón de ser".