EscucharCaracas, 22 jun (EFE).- El vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Franklin Arrieche, autor de la ponencia que sentenció que no hubo golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002, fue destituido hoy de su cargo.
Arrieche quedó marginado de la principal corte venezolana, al desecharse el amparo que presentó luego de que el Legislativo anuló recientemente su designación como juez por supuesta falsificación de las credenciales profesionales que presentó cuando se postuló al cargo, en 1999.
El juez pretendía neutralizar su exclusión con un recurso de amparo, pero sus hasta hoy cinco colegas de la Sala Constitucional del TSJ declararon inadmisible esa acción, por 3 votos a 2.
Tras ser informado de su destitución, Arriechi declaró a los periodistas que se declaraba "en desobediencia".
Anunció que no dejará el cargo y se dijo ser víctima de "una persecución" derivada de la sentencia que absolvió a finales de 2002 a los militares que participaron en el golpe de Estado.
Arrieche alcanzó notoriedad como autor de la ponencia que a finales de 2002 sentenció que el 11 de abril de ese año se produjo un vacío de poder y no un golpe de Estado contra Chávez, y exoneró a los jefes militares acusados de rebelión.
El presidente de la Sala Constitucional, y a su vez titular del TSJ, Iván Rincón, y los jueces Carmen Zuleta y José Delgado votaron en contra del recurso a favor de Arrieche, quien recibió el respaldo de los jueces Pedro Rondón y Antonio García.
Una vez que estos dos últimos consignen las razones jurídicas de sus votos, en fecha no revelada, el TSJ publicará el fallo y entonces Arriechi dejará formalmente de ser parte del TSJ.
Arrieche además deberá afrontar un proceso por presunta falsificación de documentos, solicitado la semana pasada por la fiscal VI del Ministerio Público, Luisa Ortega.
Por otro lado, el diputado Luis Velásquez, de la bancada mayoritaria legislativa afín a Chávez, admitió ayer a los periodistas que ésta busca una "depuración general" del Poder Judicial, "que puede abarcar la sustitución de 90 por ciento" de los jueces de todos los tribunales, recalcó.
Velásquez añadió que el Parlamento designaría esta semana a los diputados que integrarán el llamado "Comité de Postulaciones", que deberá comenzar su labor designando a doce nuevos jueces del TSJ.
El presidente del Legislativo, el diputado también oficialista Francisco Ameliach, confirmó el pasado viernes que esos doce nuevos jueces serán elegidos antes del 20 de agosto próximo.
La organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó el jueves pasado a la "escasa mayoría" oficialista en la Asamblea Nacional de consolidar el control del Ejecutivo sobre el Judicial.
Además de su denuncia, HRW recomendó a Chávez ordenar a los diputados que lo apoyan anular la nueva ley judicial que sancionó el mes pasado, que amplió de 20 a 32 el número de jueces del TSJ y flexibilizó la mayoría parlamentaria requerida para nombrarlos.
Se buscará en tres sesiones las dos terceras partes de los diputados para nombrar a los jueces y, de fracasar en ese empeño, en una cuarta se requerirá únicamente la mayoría simple.
HRW advirtió de que en caso de que Chávez pierda el referendo revocatorio de su mandato, previsto para el 15 de agosto próximo, podría cuestionar el resultado ante el TSJ, cuya "ocupación política", subrayó, "agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial".
La ley -añadió HRW- "otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en el Supremo" y "también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados". EFE
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