EscucharPor Alberto Pepe Leira
Montevideo, 16 jul (EFE).- El sorpresivo relevo del general Juan Córdoba, jefe de la principal División del Ejército de Uruguay, ha puesto en evidencia las discrepancias de militares con el Gobierno izquierdista sobre las violaciones de los derechos humanos.
Durante una reunión de generales con el Comandante del Ejército, teniente general Angel Bertolotti, a últimas horas del viernes, Córdoba quedó en minoría en su posición de amparar a un grupo de militares golpistas citados a declarar ante la Justicia Penal, que actuaron durante el gobierno "de facto" (1973-1985).
La acción judicial fue consecuencia de que el Gobierno socialista del presidente Tabaré Vázquez excluyó de la "ley de amnistía", aprobada en un plebiscito en 1986, los hechos ocurridos antes del 27 de junio de 1973, cuando se disolvió el Parlamento.
Entre 1971 y 1972, durante el gobierno constitucional de Juan María Bordaberry, devenido dictador en 1973, los militares mantuvieron una guerra con los guerrilleros Tupamaros, con muchas bajas en ambos bandos y detenciones arbitrarias realizadas por sectores del Ejército, que terminaron con la muerte o desaparición de detenidos en investigaciones.
La justicia penal ha convocado en una primera instancia a ocho oficiales de esa época, que están involucrados en la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, y las muertes y desapariciones de cinco estudiantes entre 1971 y 1973, que fueron ejecutados tras ser interrogados por los servicios de seguridad.
El actual Gobierno acordó con la Justicia que las citaciones a los militares, ya sea como testigos o indagados, se cursaran a través del Ministerio de Defensa, en tanto el Jefe del Ejército, teniente general Bertolotti, se comprometió a la concurrencia de los requeridos.
Los militares citados comenzarán a comparecer ante la justicia la próxima semana, cuando el martes se abran los tribunales, tras la Feria Judicial Menor del mes de julio.
En los últimos días el asunto comenzó a inquietar a los citados, muchos de los cuales han sido identificados como los autores de las violaciones a los derechos humanos, quienes anunciaron que no concurrirán y que se resistirán a la investigación.
Los coroneles retirados Manuel Cordero, José Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Gilberto Vázquez y Ernesto Rama, además del policía de un grupo de choque, Ricardo Medina, han sido convocados a declarar por el juez Penal Gustavo Mirabal, que investiga el caso de la muerte de María Claudia García.
La nuera del poeta argentino Juan Gelman fue detenida junto a su esposo argentino, quien apareció asesinado en Buenos Aires.
María Claudia García, de nacionalidad uruguaya, fue traída a Montevideo embarazada, donde tuvo una hija que fue entregada a una familia que la crió sin conocer el verdadero origen.
Gelman, convencido del nacimiento de su nieta, logró durante el gobierno anterior del entonces presidente Jorge Batlle, encontrar a su nieta, la hija de María Claudia, tras las comprobaciones de rigor a través de exámenes de ADN.
A partir de ese momento se entendió que el caso de María Claudia García de Gelmán no era una lucha contra terroristas, sino un hecho delictivo común, según decidió el nuevo gobierno de Vázquez.
Los límites a la denominada "ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado", aprobada en un plebiscito en 1989, que perdonó a los militares, no incluye tampoco las acciones de personas civiles.
Por lo tanto se han iniciado juicios al entonces presidente "de facto" Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco por los asesinatos del ex senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutierrez Ruiz, ambos asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976.
Precisamente Blanco ha sido hasta el momento la única persona procesada por hechos de violación de los derechos humanos durante el régimen "de facto", por el caso de la maestra anarquista Elena Quinteros, desaparecida en 1976 tras ser detenida en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo cuando intentaba asilarse, que desembocó en la ruptura de relaciones entre los dos países.
Otros dos jueces investigan la muerte el 17 de agosto de 1971 del estudiante Héctor Castagneto, la desaparición de la estudiante comunista Nibia Zavalzagaray, ocurrida en junio de 1974, y el asesinato de un matrimonio, acribillado en su casa por policías y militares, el 14 de abril de 1972. EFE
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