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En Cuajiniquil, en Puerto Viejo y en Cahuita ya tiene fecha, pero el peligro de desalojo está desperdigado por los 1.412 kilómetros de línea costera que tiene Costa Rica.
El pescador Silvestre Brown, sus vecinos en Cahuita y decenas de miles de costarricenses podrían ser desplazados de sus casas o sus negocios porque violan la ley de zona marítimo-terrestre (ZMT), según informes de la Contraloría General de la República.
Algunos ni siquiera saben del riesgo de perder las casas donde han vivido por décadas como pudo comprobar ayer un equipo de
Solo se salvarían si el Gobierno logra aprobar este mes en la Asamblea una moratoria de dos años que reformaría otras leyes y daría tranquilidad a los costeños, muchos de escasos recursos.
Las amenazas son múltiples y afectan, según cada caso, por ejemplo a familias de pescadores residentes en Costa de Pájaros (Chomes, Puntarenas), que podrían ser desalojados y reubicados en casas de interés social... pero lejos del mar donde pescan.
El primer vicepresidente Alfio Piva, que se dedica a tiempo completo a estos proyectos de ley y recorre numerosas comunidades costeras, califica la situación como “emergencia”. Añadio que agosto es crucial para lograr una solución.
Todo este mes los diputados están en sesiones extraordinarias, a cargo de una agenda de proyectos definida por el Poder Ejecutivo. Entre esos está el expediente 18.440 que establece la opción de la moratoria para desalojos o demoliciones en la ZMT en los dos kilómetros aledaños a las fronteras y los terrenos de parques nacionales o refugios naturales.
La ZMT contempla los 50 metros públicos inalienables desde la línea de marea baja y los 150 metros siguientes de carácter restringido.
Se calcula que solo el 6% de la ZMT nacional es propiedad privada (gente que logró inscribir propiedades antes de 1977 cuando empezó a regir la ley dela zona marítimo-terrestre), menos del 20% es área natural protegida y el resto se distribuye en porcentajes inciertos entre concesiones, posesiones informales, según Piva. “Lo que hay es un gran desorden”, resumió.
A ellos se agrega la necesidad de que las municipalidades posean planes reguladores para dejar especificado el uso del terreno.
“Así se evitarían los chorizos. No quedaría a criterio de los regidores la decisión sobre concesiones para cada desarrollo, sino que ya habría algo definido”, justificó.
Todo este entramado legal se intenta armar mientras las autoridades locales y los pobladores de zonas restringidas ven pasar el reloj.
Según Piva, serían unas 400.000 personas las afectadas de manera directa, aunque admitió la carencia de censo alguno que le otorgue precisión a esa cifra.
Esas personas están en un
La intención de moratoria se anunció desde abril para un plazo de un año, pero el 25 de julio la presidenta Laura Chinchilla anunció el doble de tiempo. “No dejaremos que se impongan los criterios dictados por tecnócratas en escritorios alejados de la gente que habita este país”, advirtió en su discurso.
