Miami (EEUU), 10 jun (EFE).- Un juez de EEUU emitió hoy una orden para deportar al ex jefe de la Inteligencia militar de Honduras coronel Juan Evangelista López Grijalba, quien ha sido vinculado con el secuestro, tortura, violación y asesinato de unas 184 personas en la década de 1980.
López Grijalba estuvo a cargo del llamado Batallón 3-16, que, según informes, era un escuadrón de la muerte acusado de perseguir a hondureños izquierdistas, informó la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) de Miami (Florida).
El militar, de 64 años, está detenido desde el 2002 en el Centro de Krome de Inmigración, en el condado de Miami-Dade, después de que se le revocase su permiso de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El Departamento de Seguridad Nacional tomó esa decisión porque López Grijalba estuvo "involucrado en ofensas serias no políticas previas a su ingreso a EEUU".
"Y porque ordenó, ayudó o participó en la persecución de otros por su raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social en particular o por su opinión política", puntualizó el ICE en un comunicado.
Jesús Torres, agente especial encargado del ICE en Miami, dijo que EEUU no se convertirá en un "refugio para aquellas personas que cometen actos serios y atroces".
"Identificando y deportando a los violadores de derechos humanos que no tienen derecho a permanecer en EEUU es y continuará siendo una prioridad para el ICE", aseguró Torres.
El caso del militar hondureño fue investigado y presentado ante un juez por la división de Ley de Derechos Humanos y la Unidad de Violadores de Derechos Humanos de esa dependencia gubernamental.
López Grijalba ingresó a EEUU en octubre de 1998 con un visado de turista, poco después solicitó acogerse al TPS, el cual se le concedió por un año como a los más de 80.000 hondureños indocumentados que se acogieron a esa medida, otorgada tras la tragedia del huracán Mitch en ese país centroamericano.
En 2002, el periodista hondureño Oscar Reyes, su esposa Gloria, y los familiares de dos personas desaparecidas interpusieron en Miami una demanda contra el militar, a través del "Center for Justice & Accountability", un grupo de abogados de San Francisco.
La acción judicial fue presentada por las supuestas atrocidades cometidas por soldados bajo su mando contra civiles en los años ochenta. EFE
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