EscucharUno de los grupos del movimiento cooperativo denuncia pasos incorrectos de sus adversarios en negocios del sector, mientras el otro, comandado por Rodolfo Navas, alega que las gestiones se hicieron para solucionar problemas urgentes de instituciones y grupos.Algunos de estos casos son:
1. Juicio hipotecario contra la Unión Nacional de Cooperativas (Unacoop) y otros. En el Juzgado Cuarto Civil de San José. Se embarga el Edificio Cooperativo (Edicoop) y se fija el 2 de setiembre a las 8 a.m. para el remate del inmueble.
Se origina en setiembre de 1993. Luego de la intervención del Banco Cooperativo (Bancoop) por parte de la Auditoría General de Entidades Financieras (SUGEF), el 5 de diciembre de 1991, y de una primera capitalización por ¢150 millones, surge la necesidad de inyectarle capital por otros ¢150 millones.
Navas era en ese momento presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), presidente del Centro Nacional de Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y gerente de Unacoop.
Las cooperativas bananeras Coobasur y Banasur (Navas era presidente de estas), así como Coopropalca, Coopalsur y Unacoop, gestionan cada una ¢20 millones en el Fideicomiso MAG-Bancoop.
Ante problemas para conseguir la garantía, los consejos de administración de Unacoop, Conacoop y Cenecoop, por separado, acuerdan poner el Edicoop a responder. Las tres son dueñas del inmueble.
Los ¢100 millones pasan a capitalizar Bancoop, pese a que los recursos del fideicomiso son para programas agropecuarios, y luego no se atiende la deuda. Entonces, el 28 de junio pasado, el fideicomiso MAG-Bancoop presenta el juicio hipotecario, por ¢248 millones con intereses y costas.
2. Proceso ordinario de San Rafael de Poás, Ltda., contra Unacoop. Pide el pago de ¢12,36 millones, más ¢4,07 millones en intereses. Juzgado Primero Civil de San José falla en favor del demandante el 25 de abril de 1995.
En octubre de 1992, Unacoop firma con Max Blanco Brunetti una escritura por compra de una finca en La Guatuza de Poás. El comprador se compromete a pagar los gravámenes sobre la finca y entregar el resto al propietario. El precio total fue de ¢36 millones.
Blanco Brunetti alega que Unacoop no le pagó lo que quedaba luego de cancelar los gravámenes (¢12,36 millones).
Navas explicó, el jueves pasado, que la escritura nunca se inscribió en el Registro Público, ni se concretaron los pagos. Hay una declaración jurada sobre esto del abogado que hizo la escritura.
Detalló que Blanco Brunetti y representantes de los trabajadores de la finca lo visitaron, en 1992, para pedir ayuda, pues el Banco de Costa Rica iba a rematar la tierra.
Las partes, recordó Navas, acordaron crear una cooperativa, pero para evitar el remate del banco pactaron en una venta a Unacoop, que luego vendería de nuevo a la naciente empresa de trabajadores. Pero el IDA, a quien se pidió el dinero para que los trabajadores compraran la finca, no lo entregó porque los estudios de factibilidad no convencieron.
Según Navas, ahora paga por la buena fe puesta en 1992, pero dijo que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales.
3. Supuesto desvío de $8.000 (¢1.664.000), donados por UNESCO para producción de audiovisuales. Enviado a Ministerio Público.
El 8 de marzo de 1995, Conacoop y la Unesco firman un convenio. La primera donaría $25.000 para crear un centro de producción audiovisual en Coopearte. El 26 de abril se recibe el primero desembolso por $8.000, pero es retirado por Víctor Calvo, con autorización de Navas, y no se deposita en Conacoop.
La situación se detecta en Conacoop en diciembre de 1995. Tras los reclamos, el 26 de febrero de 1996, se devuelve a Unacoop ¢1,73 millones (añade intereses). Pese a esto, el caso se envía al Ministerio Público.
