EscucharManagua . El Banco Central de Nicaragua (BCN) pidió hoy a las autoridades que sean castigados los que resulten culpables de haber cometido “hechos ilícitos” antes de las intervenciones o quiebras de bancos privados en este país.
En un comunicado que hoy publica la prensa escrita en Managua, el BCN se hace eco de denuncias e informaciones sobre hechos ilícitos cometidos en bancos con anterioridad a su intervención y señala que comparte con la sociedad civil, su preocupación para que se aclaren esos hechos y se castigue a los que resulten culpables.
La semana pasada, el ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, admitió en rueda de prensa que las pérdidas causadas por las intervenciones y quiebras bancarias desde 1994 pueden sumar entre 300 y 500 millones de dólares.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, incluido el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), han señalado la impunidad que existe en estos casos de los escándalos financieros.
Desde 1994 a la fecha un total de ocho bancos han sido intervenidos o declarados en quiebra, por lo que el sistema financiero nacional lo integran ahora seis bancos.
Pero el BCN aclara que su participación en los recientes casos de intervenciones bancarias dictadas por el Superintendente de Bancos, "ha sido exclusivamente para garantizar los ahorros de los depositantes".
El banco emisor enfatiza que su participación en las intervenciones bancarias ha sido por cuenta y a solicitud del Gobierno de la República y en su calidad de agente financiero del mismo.
Subraya que la facultad de supervisar el funcionamiento de todos los bancos que operan en el país es una función exclusiva de la Superintendencia de Bancos, una institución autónoma y con plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus objetivos.
Agrega que el BCN ha ofrecido a la Superintendencia amplio apoyo a esta institución para una adecuada supervisión bancaria de importancia para la salud del sistema financiero nicaragüense.
Además, ha ofrecido apoyo a las juntas administradoras y liquidadoras nombradas por el Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en estos escándalos financieros, y lograr la recuperación de las pérdidas ocasionadas.
El Procurador General de Justicia de Nicaragua, Julio Centeno, por su parte, desmintió hoy en carta pública al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Rosales de "haber hecho arreglos propios" en el caso de la quiebra de INTERBANK, hace un año.
"No tengo competencia, ni poder, mucho menos voluntad para realizar el acto o actos a que se refiere el magistrado Rosales, lo cual constituye una nueva ofensa de su parte a la Procuraduría que represento", dice Centeno.
El alto cargo explicó que la Procuraduría actúa en su carácter de Representante del Ministerio Público y no representa al Estado como lo sostiene el magistrado Rosales.
Centeno aclaró que la Procuraduría representa a la sociedad ofendida y a la víctima del delito, por lo que en estos casos la institución que representa fundamenta su acción procesal penal en base a pruebas y evidencias aportadas por una serie de instituciones.
Estas instituciones son la Contraloría (fiscalía de Cuentas) de Nicaragua (CGR), la Superintendencia General de Bancos, Aduana o Policía Nacional, señaló Centeno, tras enfatizar que la Procuraduría no investiga, no tiene poder coercitivo para detener a nadie, lo que sí puede hacer aún de oficio los tribunales comunes.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, Nacion.comFuente: agencias.
