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Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua redujeron ayer aún más las posibilidades de dialogar e intentar resolver por esta vía el conflicto que ya acumula 20 días, por la presencia de soldados nicaragüenses en una zona de la frontera costarricense.
Mientras en Managua el gobierno de Daniel Ortega desautorizó las gestiones de su hermano Humberto, el canciller costarricense, René Castro, descartó en San José cualquier posibilidad de realizar la cumbre de presidentes programada para el sábado 27 de noviembre si el Ejército nicaragüense no ha retirado sus tropas.
Más bien, Castro dijo que Costa Rica gestiona la posibilidad de convocar una reunión de cancilleres del continente para el lunes 29 o el martes 30, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo al cual Nicaragua restó legitimidad para resolver un caso que insiste en considerar como “limítrofe”.
Daniel Ortega más bien reafirmó ayer su intención de llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, tras una reunión con los presidentes de los poderes del Estado.
El equipo diplomático costarricense también tramita ante la OEA la posibilidad de que envíe un equipo capaz de determinar el incumplimiento de Nicaragua al llamado hecho por el Consejo Permanente de la Organización el viernes pasado, para que retire los soldados presentes en isla Calero, Pococí.
Así pretende Costa Rica acreditar con pruebas el rechazo de Nicaragua a la disposición de la OEA y, por tanto, la imposibilidad de realizar la cita entre Ortega y Laura Chinchilla en Liberia, tal como lo advirtió Costa Rica en una nota diplomática del 1.° de noviembre.
Además de continuar con las gestiones en la OEA, el Gobierno tico presentó una denuncia y solicitó una misión de asesoramiento ante la Secretaría de la Convención Internacional sobre Humedales (Ramsar) por los daños en áreas silvestres aledañas a la zona del conflicto con Nicaragua.
Castro dijo en conferencia de prensa que isla Calero es parte del Humedal Caribe Noreste, el cual figura en la lista de “Humedales de Importancia Internacional”. Por eso se reportaron daños por los trabajos de dragado del río San Juan y por la tala de un área importante de bosque primario, con la intención de abrir un nuevo canal.
“Los trabajos que ahí realiza de manera ilegítima y sin estudios técnicos el Gobierno de Nicaragua, producirán daños irreversibles si se concluye el canal que están haciendo”, advirtió el vicepresidente de la República, Alfio Piva.
El secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, consideró necesario “dar tiempo a los países”, según información de AFP proveniente de Washington. “Vamos a dejar algunos días para eso”, dijo el diplomático, a contrapelo de la urgencia de Costa Rica para frenar los trabajos en la frontera.
