10 noviembre, 1997

Isla Margarita (Venezuela). A pesar de que la Declaración de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes "tomó nota" del problema que representan las minas antipersonales, el Gobierno costarricense propugnó por un pronunciamiento más contundente sobre el tema.

Así lo confirmó ayer aquí Luis Guillermo Solís, director de Política Exterior de la Cancillería quien, además, fue la persona encargada por Costa Rica para participar en la redacción de la Declaración de Margarita, firmada el sábado pasado.

Los mandatarios José María Figueres, Ernesto Zedillo, Ernesto Samper, Rafael Caldera y José María Aznar, de izquierda a derecha, posan para la prensa luego de una reunión en la isla Margarita.
Los mandatarios José María Figueres, Ernesto Zedillo, Ernesto Samper, Rafael Caldera y José María Aznar, de izquierda a derecha, posan para la prensa luego de una reunión en la isla Margarita.

Ayer, al finalizar la cita presidencial, el mandatario, José María Figueres, se mostró satisfecho con los resultados generales y calificó como "refrescante" el hecho de que en medio de temas económicos y políticos de grueso calibre, los presidentes tomaran la determinación de hablar sobre los "valores de la democracia", uno de los temas preponderantes del encuentro.

Costa Rica mantuvo también una clara posición acerca del asunto que más trascendió en la Cumbre: el acceso a la información. El país se plegó al criterio de México y los países integrantes del Mercosur, para quienes el derecho a la información veraz es una consecuencia del ejercicio pleno de la libertad de expresión de los pueblos. Esta opinión se plasmó en el sexto capítulo de la declaración final, y se le llamó derecho irrestricto a la información y una condena a los ataques y violencia contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores.

Figueres y su comitiva llegaron anoche a las 8:45 p.m. a territorio nacional, luego de volar de Margarita a El Salvador en un avión facilitado por la aerolínea TACA a los mandatarios del istmo. De ahí el grupo costarricense se trasladó en vuelo comercial hasta San José.

Trampas explosivas

Según Luis Guillermo Solís, el tema de las minas antipersonales, incluido en la tercera parte del documento -en donde se incluyen una serie de temas que preocupan a los diferentes naciones participantes-, recibió un tratamiento "tenue", lo cual contrasta con la importancia que representan más de 170.000 artefactos explosivos enterrados en territorio centroamericano, 5.000 de las cuales se encuentran en la frontera norte de Costa Rica, según dijo.

Sin embargo, la posición costarricense no logró calar a fondo entre los mandatarios, quienes se limitaron a refrendar los dos párrafos que tratan sobre el asunto.

Los jefes de Estado reiteraron su "exhortación a la comunidad internacional a continuar cooperando y apoyando técnica y financieramente a los países centroamericanos en sus esfuerzos para la remoción de minas antipersonales y la rehabilitación de las víctimas, a fin de que puedan concluir antes del año 2.000", señala el texto.

En Costa Rica las minas antipersonales fueron colocadas en la década de los ochentas, durante la disputa bélica entre los llamados contrarrevolucionarios y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos de Nicaragua. La labor de limpieza se inició en octubre de 1996, no obstante el grupo solo logró desactivar unas mil de las trampas mortales.

Colaboró en esta información Carlos A. Villalobos, redactor de La Nación