SAN JOSÉ (AFP) Dos policías costarricenses serán juzgados a partir del lunes por homicidio simple, como sospechosos de permitir que dos perros rottweiler mataran a mordiscos a un inmigrante nicaragüense, un caso que fue elevado por Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante las audiencias en los tribunales de la ciudad de Cartago, la parte acusadora intentará probar que los oficiales Erick Sánchez y Asdrúbal Luna cometieron homicidio simple por omisión impropia en perjuicio del indigente nicaragüense Natividad Canda, ocurrido en 2005, según detalles divulgados en la prensa.
Los tres jueces del tribunal escucharán los testimonios de 48 testigos durante el proceso, que está previsto que concluya el 12 de setiembre.
La familia de Canda reclama también una indemnización civil estimada en 190.000 dólares.
Los policías, según la acusación, asumieron una posición pasiva mientras frente a ellos los dos perros atacaban a Canda, a quien mordieron en más de 200 ocasiones.
Los feroces perros atacaron a Canda, de 25 años, en noviembre de 2005 cuando supuestamente ingresó a robar artículos en un taller mecánico en La Lima de Cartago, 22 kilómetros al este de la capital.
Los acusados argumentaron que no usaron sus armas de reglamento para matar a los perros por temor a que las balas alcanzaran al indigente nicaragüense.
El caso Canda, como le llamó la prensa local, provocó el descontento del gobierno de Nicaragua, que acusó al de Costa Rica de permitir la violación de los derechos humanos de los inmigrantes nicaragüenses.
En julio de 2006, Managua demandó a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, alegando discriminación y denegación de justicia para Canda y el de su compatriota José Silva, muerto a golpes por una turba de costarricenses en diciembre de 2005.
Sin embargo, la Comisión declaró inadmisible la demanda en marzo de 2007, ya que estimó que Nicaragua no demostró la denegación de justicia en ambos casos ni ninguna otra forma de discriminación en contra de estas personas.
La acusación elevó las tensiones diplomáticas entre ambos países centroamericanos, que mantienen un prolongado litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por los derechos de navegación en el fronterizo río San Juan.
Costa Rica reconoce la soberanía de Nicaragua sobre el afluente, pero reclama derechos a perpetuidad de navegación con base en un tratado suscrito en 1858 que se los confiere.
Sólo recientemente los presidentes Oscar Arias y su homólogo Daniel Ortega acercaron posturas y preparan una reunión binacional con temas comunes, especialmente en desarrollo y migración.
En Costa Rica residen unos 700.000 nicaragüenses, el 50% en condición de ilegales, de acuerdo con cifras extraoficiales de distintos organismos.
© 2008 AFP
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