25 enero, 2011
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En forma unánime, los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron ayer iniciar un proceso disciplinario al fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, para averiguar si decidió sobre un caso penal influido por el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez.

“El conflicto planteado tiene especial relevancia. Las condiciones del país exigen muchísima transparencia, claridad y responsabilidad en las actuaciones de los funcionarios públicos”, dijo el magistrado José Manuel Arroyo, poco antes de emitir su voto a favor de la investigación al Fiscal.

“El reto para el Poder Judicial es demostrar que queremos transparencia y darle al país la seguridad que merece”, añadió la magistrada Carmen Escoto.

El viernes pasado, La Nación reveló que la exfiscala general interina Lilliam Gómez suspendió en octubre una indagatoria por peculado contra Rodrigo Arias Sánchez, dos horas después de que se le notificó la citación al exministro de la Presidencia.

Gómez explicó en un correo electrónico enviado a tres fiscales que Chavarría le pidió, ocho días antes de asumir el cargo en la Fiscalía, dejar sin efecto la indagatoria contra Arias para revisar el caso cuando él iniciara funciones.

A Rodrigo Arias se le investiga por el manejo del dinero que donó al país el Banco Centroamericano de Integración Econóica (BCIE) durante el Gobierno de su hermano, Óscar Arias (2006-2010).

Según el acuerdo de la Corte Plena la investigación también tiene como objetivo averiguar qué tipo de intervención tuvo el fiscal Chavarría frente a la entonces fiscala Lilliam Gómez.

El proceso disciplinario estará a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial y debe finalizar en un plazo máximo de un año. De lo contrario, el caso prescribirá, explicó la presidenta en ejercicio de la CSJ, Zarella Villanueva.

Mientras se realiza la investigación, Chavarría seguirá en su cargo. Ayer Chavarría dijo, mediante un comunicado, sentirse “satisfecho” con la resolución de la Corte. “Se me ha juzgado mal”, agregó.

Molestia. Poco antes de la votación de la Corte, varias magistradas rechazaron las palabras del fiscal Chavarría, quien dijo la semana pasada que las llamadas de políticos y jerarcas del Gobierno a los funcionarios judiciales son una práctica habitual en Costa Rica.

Este diario reveló que el ministro José María Tijerino llamó a la fiscala a cargo del caso de Arias, para averiguar sobre dicho caso.

“Yo no puedo permitir eso. Tengo casi 35 años de laborar en el Poder Judicial y no he conocido a nadie que me llame para decirme qué debo hacer o qué no debo hacer”, dijo la jueza Magda Pereira.

Similar opinión exteriorizó Carmen María Escoto. “Nunca, ningún funcionario público, desde el ámbito político, me ha llamado para que yo de alguna manera incida en la decisión de algún asunto”.

La propuesta de investigar al fiscal la hizo la magistrada Villanueva. Los magistrados que intervinieron en la discusión insistieron en que en este caso está en juego la credibilidad del Poder Judicial.

Incluso, el juez Arroyo pidió a sus compañeros “no contaminar un asunto tan delicado como este con otro tipo de intereses”.

Ayer también, en el Congreso, la fracción liberacionista impidió con 23 votos en contra que se conformara una comisión para investigar la supuesta injerencia de Rodrigo Arias en el Ministerio Público.

Los 31 diputados opositores presentes en el plenario votaron a favor de la medida, pero eran necesarios 38 votos para aprobarla.