EscucharBogotá. La Corte Constitucional, acusada de usurpar poderes y legislar por la vía de las sentencias, tiene la última palabra sobre el estado de conmoción interior y las medidas tomadas para conjurar la crisis de violencia, pero sus decisiones quizá pondrán en juego su propia existencia.
``Si la Corte se pronuncia en contra los decretos del gobierno pagará un precio muy alto, quizás alentará los proyectos en el Congreso para suprimirla o recortarle sus funciones'', dijo este martes a la AP el ex ministro del Interior, Jaime Castro, experto en asuntos constitucionales.
La primera disputa entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y el Tribunal ya está planteada.
El ministro del Interior, Fernando Londoño, declaró que la Corte Constitucional carece de competencia para determinar si hay condiciones o no para decretar el estado de conmoción interior.
``Se trata de un acto político del gobierno que es el responsable del orden público'', declaró Londoño.
El estado de conmoción es un mecanismo de emergencia que le otorga al gobierno poderes legislativos por 90 días para tomar medidas destinadas a enfrentar la violencia ascendente.
Desde que se instituyó en 1991, los gobiernos han apelado a este mecanismo al menos cinco veces, pero el Tribunal dos veces ha denegado su aplicación.
La segunda confrontación todavía está por venir. El único decreto dictado hasta ahora creó un impuesto por una sola vez del 1,2% para personas y empresas con patrimonios superiores a 150 millones de pesos (unos 60.000 dólares), que busca recaudar dos billones de pesos (800 millones de dólares) destinados a fortalecer las fuerzas armadas.
``Hay dudas de que con base en el estado de conmoción pueda el gobierno dictar medidas de carácter tributario, económico y fiscal'', manifestó Castro.
``Nada de raro tiene que en este sentido el gobierno esté siendo audaz en sus interpretaciones jurídicas con el propósito de someter a la Corte o salir de ella'', agregó.
Recordó que Londoño planteó antes de asumir sus funciones, la posibilidad de presentar una reforma constitucional para eliminar la Corte o reducirle sus competencias, debido a sus polémicos fallos. El más reciente fue la anulación de una ley de seguridad nacional que le daba más herramientas al Ejecutivo para combatir a los grupos irregulares.
Tras los ataques de la guerrilla en Bogotá cuando asumía el mando el presidente Uribe, casi todos los sectores políticos y empresariales han respaldado la declaratoria de la conmoción interior y ni siquiera han cuestionado su legalidad.
Sólo algunas voces aisladas en Colombia y en el exterior han expresados temores de que el gobierno utilice los poderes legislativos para recortar las garantías individuales o la libertad de prensa.
La Corte Constitucional tiene aproximadamente unos 40 días para ratificar o no la conmoción interior, tras conocer la opinión de la Procuraduría.
Edición periodística: Gerardo González y Juan Fernando Lara . Fuente: agencias.
