CARACAS (AFP) El presidente Hugo Chávez avivó su batalla contra el gobierno de Estados Unidos acusándolo de estar detrás de un plan para derrocarlo y matarlo, dio 72 horas para abandonar el país al embajador de Washington en Caracas y mandó a los "yanquis de mierda" al "carajo".
Como era de esperar, Estados Unidos respondió echando del país al embajador venezolano, Bernardo Alvarez. Además, el departamento del Tesoro anunció el congelamiento de los activos de tres funcionarios venezolanos acusándolos de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La cancillería emitió este viernes un comunicado en Caracas en el que oficializó la expulsión del embajador Patrick Duddy.
Duddy fue declarado "persona no grata" y "dispondrá de 72 horas para abandonar el territorio (...) contadas a partir de las 19:15 horas del día 11 de septiembre de 2008", indicó el comunicado.
La decisión se justificó "ante las reiteradas demostraciones de hostilidad del gobierno de Estados Unidos hacia el pueblo de Venezuela (...) y a la luz de la intensa campaña de desestabilización" contra Bolivia y su presidente Evo Morales.
El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, criticó en un comunicado la decisión de Chávez y Morales de expulsar a los representantes estadounidenses en Caracas y La Paz.
Eso "refleja la debilidad y la desesperación de estos dirigentes (...) así como la incapacidad que tienen de comunicarse efectivamente en la escena internacional", afirmó McCormack.
Maduro reaccionó y dijo que "la fanfarronería del imperio es muestra de la decadencia de su capacidad de influencia, su capacidad de dominación. Se acabó ese tiempo. Estamos en el momento de la creación de un nuevo sistema".
La tensión con Estados Unidos se avivó la semana pasada luego de que Chávez anunciara la llegada a Venezuela de dos bombarderos estratégicos supersónicos rusos TU-160, capaces de portar armas nucleares, para realizar "vuelos de entrenamiento".
El anuncio venezolano fue realizado en momentos en que Moscú y Washington se enfrentan en el terreno diplomático tras la intervención rusa en Georgia, en apoyo a las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur.
Las denuncias de un supuesto plan de golpe de Estado y de magnicidio salieron a la luz el jueves en un programa de televisión, que presentó unas grabaciones en las cuales militares retirados y en activo preparaban una conspiración.
A partir de ese momento, Chávez, respaldado unánimemente por su gobierno y su partido, el PSUV (socialista), acusó directamente a Estados Unidos y a su presidente, George W. Bush, de estar detrás del complot.
Chávez aseguró que no dudará en "apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia" si Morales es derrocado o asesinado.
"Váyanse al carajo, yanquis de mierda (...) Déjennos tranquilos construir nuestra propia historia", lanzó el mandatario.
Al mismo tiempo, varios militares supuestamente implicados en este intento de golpe de Estado fueron detenidos o interrogados.
El jefe del comando de operaciones estratégicas, general Jesús González, dijo que las investigaciones sobre el complot avanzan "con convicción y firmeza", pero no dio información sobre el número de detenidos.
"Quien quiera sea, civil o militar, que tenga vinculación con este tema, tendrá que responder ante la ley. Impunidad bajo ninguna circunstancia", se limitó a señalar.
Por su lado, Mario Silva, el periodista y también candidato en las elecciones regionales de noviembre que desveló el plan de magnicidio, compareció este viernes ante la Asamblea Nacional (Parlamento) para dar explicaciones sobre cómo obtuvo las grabaciones, aunque no reveló sus fuentes.
"Aquí está en juego la vida de seres humanos, no sólo del líder fundamental de la revolución. Si llegaran a asesinarlo esto se va a convertir en un baño de sangre porque el pueblo va a salir a la calle", aseguró.
La tensión entre los partidarios de Chávez y sus detractores va en aumento conforme se acerca la fecha de las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre.
Los directivos del PSUV han llamado al pueblo a salir a la calle para defender al presidente, mientras la oposición denuncia que el gobierno desea desviar la atención de la ciudadanía de los asuntos verdaderamente importantes.
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