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En una transacción protegida por el hermetismo de la cláusula de confidencialidad, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), vendió las acciones que tenía en el Grupo Empresarial Sama.
El 27 de abril pasado, la compañía Ronda Investment S. A., empresa constituida y domiciliada en Panamá, compró el 25,5% de las acciones de Cecor, grupo integrado por los obispos del país.
Con base en los estados financieros del grupo, este porcentaje equivale a una participación en el capital social de Sama superior a los ¢6.450 millones. Sin embargo, el monto final de la operación no trascendió.
El negocio se hizo público ayer, tras la divulgación de un comunicado de hecho relevante con fecha del lunes, que envió el grupo financiero a la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
En horas de la tarde, la Conferencia Episcopal se limitó a remitir un escueto comunicado en el que confirmó la transacción.
“Los recursos de la venta de esa participación accionaria serán invertidos en el desarrollo de las obras de la Iglesia”, se indicó en la misiva firmada por monseñor Óscar Fernández, obispo diocesano de Puntarenas, quien preside la Conferencia.
Este es el caso de Víctor Oconitrillo, presidente en ambas sociedades; Henry Zamora, gerente de Sama Inversiones y secretario de Ronda; Rolando Cervantes, gerente de tres subsidiarias de Sama y tesorero en la firma panameña, y Alfonso Gutiérrez, directivo en ambas.
Además, la empresa panameña, creada en el 2011, tiene un contrato de servicios financieros y administración de recursos con Grupo Sama, por un plazo de un año que puede ser prorrogable en el futuro, en períodos iguales.
Esta afinidad entre las empresas fue confirmada por Gerardo Matamoros, director corporativo de Sama, quien explicó que el giro de la empresa panameña no es divulgable por ser privada.
Desde entonces, la relación tuvo momentos convulsos. Entre el 2002 y 2010, las quejas de un grupo de inversionistas hicieron aflorar una supuesta intermediación financiera ilegal de la Conferencia Episcopal, que consistía en tomar recursos propios y de particulares e invertirlos en Grupo Sama, además de hacer préstamos.
Esta actividad inclusive fue denunciada en el 2008 por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que inició investigaciones desde el 2005.
