Pedí a don Jorge Guardia que se retractara de las gratuitas insinuaciones que lanzó en mi contra en su columna o probara su dicho. Se niega a hacerlo, diciendo que solo preguntó “por carecer de información, si se debía investigar si con Mellon hubo melones de por medio”. En otras palabras, cualquiera puede arrojar lodo sobre otra persona y después rehuir su responsabilidad diciendo que solo preguntó ingenuamente si se debía investigar. Sinceramente, esperaba de don Jorge otro tipo de respuesta, no subterfugios idiomáticos.
Pero, además de formular esa raquítica excusa, don Jorge agrega otra que sinceramente me parece chocante en una persona que ha recibido su formación jurídica y ejercido su profesión en un Estado de derecho, como afortunadamente lo es Costa Rica. Dice don Jorge: “Si bien no lo puedo inculpar, mucho menos exculpar. De nuevo, no tengo información”.
Vale la pena reiterar la primera frase “no lo puedo inculpar”, es decir, el señor Guardia admite que carece de todo elemento probatorio en mi contra.
Le agradezco que lo admita tan francamente, para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. Lo que no admito, ni puede admitir ninguna persona de conciencia, es su corolario: “aunque no puedo probar que tal persona cometió un ilícito, tampoco puedo considerarla inocente porque no tengo información”. O sea sí, pero no.
Reflejo totalitario. Aparentemente, don Jorge pasa por alto que en nuestra Constitución existe y en nuestros tribunales se aplica el principio de inocencia, según el cual toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El principio que ahora quiere aplicarme don Jorge, el de la presunción de culpabilidad, es típico de los regímenes totalitarios.
Me llama la atención que el columnista, que me acusa de doble moral y de incoherencia con respecto a asuntos ambientales, no vea la contradicción de defender el liberalismo en materia económica, como tradicionalmente lo ha hecho, y a la vez mostrarse como un abanderado del totalitarismo en materia judicial.
Para quien tenga interés en conocer el monto y los componentes de mi patrimonio, lo remito a las declaraciones juradas de bienes que he presentado a la Contraloría General de la República cada vez que he desempeñado cargos ministeriales; además, como el que nada debe nada teme, no tengo inconveniente en acceder a la petición del señor Guardia en el sentido de que un fiscal revise mis cuentas bancarias o las de mi familia, o las de las sociedades en las que tenga intereses directos o indirectos.
Pero, para que la fiscalía actúe, es necesario que alguien denuncie. Ya que doy anticipadamente mi venia para esa revisión exhaustiva, yo invito al señor Guardia a que deje de escudarse en juegos de palabras y presente la denuncia correspondiente, contra mí o contra quien corresponda.
Ahora que ha dejado claro que no puedo esperar de él la caballerosidad de una disculpa, espero que por lo menos concrete cargos, para entonces poder exigirle judicialmente responsabilidad por sus escritos.
Haga buenas sus palabras: defínase, don Jorge.
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