Buenos Aires, 5 may (EFE).- La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas cuestionó hoy la decisión del Comité Judío Americano de condecorar a Néstor Kirchner en el marco de la visita que el presidente argentino realiza a Estados Unidos.
En un comunicado, la entidad consideró que "no es tiempo de distinciones" y reclamó al Ejecutivo "voluntad política" para esclarecer el atentado terrorista que en 1994 destruyó la sede de la mutualista judía AMIA en Buenos Aires.
Kirchner inició ayer, martes, una gira por Washington y Nueva York que incluye entrevistas con empresarios locales y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, entre otras actividades.
Mañana, jueves, el mandatario será galardonado por el Comité Judío Americano por "su compromiso en la lucha contra la discriminación y en la defensa de los derechos humanos", según informaron antes de su partida fuentes oficiales argentinas.
"La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) considera que no es tiempo de distinciones y que esta causa requiere de una voluntad política real para el esclarecimiento de la verdad", indicó la entidad en alusión a la investigación del ataque contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994.
Por ese atentado, que causó 85 muertos y dos centenares de heridos, actualmente están siendo juzgados por un tribunal de Buenos Aires un civil y cuatro ex policías acusados de complicidad con los terroristas.
"La DAIA, en su carácter de representante política de la comunidad judía argentina, se ve en la necesidad de reiterar ante las comunidades judías del mundo su profunda preocupación por el estancamiento que sufre la investigación" de ese hecho, indicó.
El comunicado añade que esta situación se vio "agravada por recientes decisiones políticas y por los desvíos producidos por parte del tribunal oral que juzga a los imputados por su participación necesaria".
El juez Juan José Galeano estuvo a cargo de la investigación de la voladura de la AMIA, cuya instigación atribuyó a diplomáticos iraníes, pero en diciembre pasado fue apartado de la causa tras comprobarse irregularidades en la recopilación de pruebas y testimonios.
El 13 de abril último, el tribunal oral que juzga a la llamada "conexión local" del atentado tomó la misma medida con los dos fiscales del caso, al considerar que actuaron con parcialidad, ya que conocían que el Gobierno argentino pagó 400.000 dólares al principal imputado para incentivarlo a declarar.
El proceso comenzó en septiembre de 2002 y se encuentra en los tramos finales. EFE
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