EscucharNaciones Unidas, 2 abr (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró hoy sus sesiones con una llamada de atención a la situación en Colombia, donde identificó motivos de preocupación por violaciones y lagunas que requieren atención inmediata.
El organismo, compuesto por 18 expertos independientes, reconoció los esfuerzos del gobierno por cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y dijo que hay factores que obstaculizan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, principalmente, la continuación del conflicto armado.
El comité fue establecido para supervisar la aplicación de este tratado internacional sobre derechos humanos que entró en vigor en 1976, que aborda temas como la seguridad personal, la igualdad ante la ley, los derechos de las minorías, la libertad de expresión, asociación y movimiento.
Los expertos, que examinaron a mediados de marzo el informe presentado por el gobierno, estimaron preocupante el elevado número de detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos en Colombia.
El Estado "debería tomar medidas inmediatas y eficaces" para investigar estos hechos, sancionar y dar de baja a los responsables e indemnizar a las víctimas, según el comité, que hoy divulgó un documento con sus conclusiones sobre el caso colombiano.
Los expertos consideraron positivo que el Estado fomente que los miembros de grupos armados dejen las armas y se reintegren en la sociedad civil.
Sin embargo, advirtieron de que la legislación sobre penas alternas a la prisión para quienes den este paso no debe otorgar "impunidad" a los que hayan cometido crímenes de guerra y contra la humanidad.
Además, estimó que el gobierno debe tomar medidas efectivas para poner fin a los vínculos entre sectores de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ilegales.
Por otra parte, creyó necesaria una revisión de la legislación sobre el aborto, ya que al criminalizar este práctica se puede llevar a mujeres a recurrir a un aborto clandestino de alto riesgo.
El comité expresó especial preocupación por las mujeres víctimas de violación o incesto, o cuyas vidas estén en peligro a causa del embarazo, que pueden ser procesadas por haber recurrido a tales procedimientos.
Por otra parte, instó al Estado a que garantice que se investiga a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad sospechosos de violar los derechos humanos.
También, que sean los tribunales ordinarios los que se ocupen de crímenes cometidos por personal militar que implican torturas, desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias y arbitrarias, como ha estipulado la Corte Constitucional.
Igualmente, "constató con preocupación" que la legislación del país no permita la objeción de conciencia al servicio militar, y las intimidaciones y ataques verbales y físicos contra defensores de los derechos humanos "provenientes del más alto nivel político y militar".
El elevado número de desplazados, la falta de asistencia socio económica que reciben, los problemas que tienen para ejercer sus derechos cívicos y la discriminación de la que son víctimas comunidades indígenas y minoritarias son otros temas pendientes de resolución para los que el Comité pidió medidas.
Otro tema destacado en sus conclusiones fue la violencia contra las mujeres, en especial la doméstica.
El comité identificó también algunos aspectos positivos, como la creación de una unidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Ministerio de Relaciones Exteriores.EFE
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