Yakarta . Un tribunal especial indonesio comenzó hoy el juicio contra los responsables de la masacre de Timor Oriental, dos años y medio después de la ola de violencia que se cobró al menos un millar de víctimas, según cálculos de la ONU.
Siete destacados militares y funcionarios indonesios están acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en las atrocidades cometidas en la excolonia portuguesa tras el referéndum de independencia de agosto de 1999 y, de ser declarados culpables, pueden enfrentarse a la pena de muerte.
Entre ellos se encuentra el exgobernador de Timor Oriental Abilio Soares, que fue el primero en sentarse en el banquillo de los acusados ante el tribunal especial de Derechos Humanos creado por la presidenta indonesia, Megawati Sukarnoputri.
Al comienzo del juicio, los fiscales leyeron los cargos contra el exgobernador de Timor, al que acusan de haber ordenado a sus subordinados actos que derivaron en violaciones masivas de los derechos humanos, y de mostrarse pasivo a la hora de impedir la violencia.
El abogado de Soares, Juan Felix Tampubolon -el mismo que defendió en el 2000 al expresidente Suharto, acusado de corrupción-, empezó su comparecencia mostrando su desacuerdo con el programa de protección de testigos firmado ayer por la presidenta indonesia, Megawati Sukarnoputri, y pidió su revisión en la Corte Suprema.
Esta cuestión de la protección de testigos cruciales, así como la designación de los jueces, provocó el retraso del polémico juicio iniciado hoy, y que en un principio estaba previsto para el pasado enero.
Entre los demás acusados se encuentran el que fuera jefe de la Policía timorense, comandante general Timbul Silaen; el responsable del comando regional del Ejército, comandante general Adam Damiri; y el del comando militar de Timor Oriental, brigadier general Tono Suratman.
Los siete procesados por genocidio y crímenes contra la humanidad forman parte de un grupo de dieciocho encausados que han sido acusados formalmente de participar de alguna manera en los brutales acontecimientos que siguieron al referéndum de independencia de Timor Oriental, en agosto de 1999.
Una aplastante mayoría de los timorenses optó entonces por desligarse del régimen de Indonesia, país que ocupó la parte oriental de la isla desde 1975, después de que Portugal abandonara el territorio.
Sin embargo, las milicias anexionistas, con la complicidad de miembros del Ejército indonesio, respondieron al referéndum con una sangrienta campaña que dejó más de mil muertos, según la ONU, aunque organizaciones humanitarias afirman que el número de víctimas fue mucho mayor.
Varios miles de timorenses huyeron a la parte indonesia de la isla, donde todavía permanecen más de 50.000 refugiados a los que la ACNUR intenta repatriar con la ayuda del Gobierno local.
Los resultados del proceso que comenzó hoy son cruciales para Indonesia, después de que la ONU anunciara que presionará para que los crímenes de Timor sean juzgados en un tribunal internacional especial si Indonesia no establece las sanciones debidas.
Por otra parte, fuentes oficiales en Yakarta confirmaron a EFE que el Gobierno de Washington, principal proveedor de armas de Indonesia hasta los sucesos de Timor Oriental, podría restablecer las relaciones militares con el país asiático si éste impartiera justicia en los casos de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el que fuera jefe de las Fuerzas Armadas por aquellas fechas, el general Wiranto, no fue nombrado entre los acusados.
Su exclusión se produjo a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia había concluido una investigación que señalaba que Wiranto tenía que conocer la operación de Timor Oriental.
La excolonia portuguesa se convertirá en la primera nueva nación de este siglo el próximo 20 de mayo, día en que se proclamará su independencia de forma oficial.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, Editora nacion.com Fuente: agencias.