EscucharEn mi calidad de jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, me es obligatorio referirme a las manifestaciones públicas de carácter sexista que Ricardo Harbottle, abogado litigante, realizara en días pasados, durante la transmisión de un programa radial de audiencia nacional.
Si bien es cierto estas manifestaciones se hicieron en un contexto mucho más amplio de diversas críticas al funcionamiento de la Administración de Justicia –sobre las cuales no me referiré, por cuanto ese tema será tratado posteriormente en otro foro– sí considero imprescindible referirme a las expresiones de índole sexista que reafirman estereotipos patriarcales tendientes a restarle legitimidad a la posición que ocupan hoy las mujeres dentro del ámbito de lo público y que, desafortunadamente, ignoran las luchas que durante generaciones hemos dado las mujeres para que se nos reconozcan nuestros derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Manifestaciones discriminatorias. En el programa radial referido, el señor Harbottle, esgrimió una serie de manifestaciones discriminatorias que insoslayablemente cuestionan la idoneidad de mujeres luchadoras que se desempeñan en puestos jerárquicos de nuestra institución, y, asimismo, respecto de compañeras judiciales que laboran como letradas de las Salas de la Corte Suprema de Justicia.
Referirse a estas compañeras judiciales con frases tan peyorativas como que son “muchachitas muy guapas' que no saben de la misa ni media'” como lo hizo el Sr. Harbottle, y afirmar que quienes se postulan deben “'pelarle las piernas para que sean nombrados como Magistradas'” (al cuestionarse el procedimiento mediante el cual la Asamblea Legislativa nombra en los puestos de Magistratura) son manifestaciones abiertamente sexistas y discriminatorias contra compañeras judiciales, solo por el hecho de ser mujeres.
Al escuchar manifestaciones de este tipo, es innegable la existencia de obstáculos culturales para el acceso de las mujeres a los espacios de poder político público, lo cual se evidencia particularmente en el caso del acceso a la Magistratura. ¿Cómo es posible que alguien se atreva siquiera a decir que para ser magistrada es necesario “pelarle las piernas” a los Diputados? Decir esto es ignorar una lucha de los últimos 184 años, en los cuales no es hasta 1984 cuando se nombró a la primera mujer magistrada, no pasando de tan solo dos mujeres por veintidós puestos, hasta después del año 2002 cuando al fin se rompe esa barrera, alcanzándose actualmente un máximo histórico de ocho mujeres en los 22 puestos de Magistratura, ni siquiera la mitad.
La exclusión de las mujeres del poder político fue una constante en la historia de la democracia.
Este tipo de expresiones no son otra cosa que recurrir mediante un sarcasmo discriminatorio a continuar con la objetivización sexual de las mujeres, concibiéndonos conforme a parámetros culturales de acuerdo a los cuales somos juzgadas por nuestra apariencia física, siendo esta apariencia física, según este criterio deslegitimador, el único elemento tomado en cuenta a la hora de escalar.
Este tipo de aseveraciones se enmarcan dentro de lo que teóricamente se conoce como “el pacto sexual contemplado dentro del pacto social, el cual reduce a las mujeres a meros objetos de tareas reproductivas”. Estas frases ofensivas invisibilizan nuestra honradez, nuestro valor intelectual, nuestra capacidad profesional y nuestra valía como seres humanos que trabajamos, luchamos y, sobre todo, pensamos.
El carácter de “recién llegadas” de las mujeres al mundo público y su asignación a las tareas derivadas de la función reproductiva siguen siendo los elementos obstaculizadores por excelencia para nuestra participación política.
Reto para las mujeres. El reto para el siglo de las mujeres es acceder a puestos de poder político y toma de decisiones en los distintos poderes del Estado Costarricense, en las instancias privadas y organizaciones sociales, para incluir el punto de vista de las mujeres en la agenda pública y fortalecer la democracia; propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de nuestros derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres.
Actualmente, las mujeres somos el 50% de la población costarricense; en el Poder Judicial constituimos el 49% de los 12.000 funcionarios y funcionarias; administrando justicia se encuentran 2047 funcionarios y funcionarias, de las cuales 1025 son juezas, todas con el título de abogadas, igual al que ostentan los jueces, teniendo en común la carrera profesional universitaria, el cumplimiento de los requisitos para optar por la judicatura y ejercerla con los mismos aciertos y con los mismos riesgos de todos los que desempeñan la misión de administrar justicia.
Así debe ser, porque en la democracia de hoy no pueden admitirse discriminaciones por razones de sexo, religión, raza, nacionalidad, condición económica; todo ser humano debe ser respetado y tener las mismas oportunidades, por el solo hecho de ostentar esa condición.
Esto que suena trillado, forma parte de nuestra nacionalidad y constituye el mayor avance para quienes creemos en el progreso de la humanidad.
Ángela Acuña Brown, primera mujer abogada de nuestro país, dijo las siguientes palabras, que hago mías: “El espíritu no tiene sexo, ha dicho un pensador antiguo, y la lucha por penetrar en los dominios de la verdad, obliga por igual a la mujer y al hombre”.
