EscucharBOGOTA (AFP) El escándalo de las 'pirámides financieras', captadoras ilegales de dinero que arruinaron a miles de 'ahorradores' en Colombia, dejó otro muerto y se ahondó el viernes con una polémica entre la familia del presidente Alvaro Uribe y el dueño de una empresa sospechosa.
Según Roberto Díaz, alcalde de Rosas (suroeste), un hombre fue baleado el jueves en esa localidad, al parecer tras negarse a entregar dinero que un policía yerno suyo guardó en su casa tras recibirlo de una 'pirámide'.
Es la segunda víctima mortal que dejan en una docena de poblaciones los desórdenes que se desataron el martes por el cierre de compañías captadoras de dinero, tras la muerte el miércoles en Guesaco de un personero (defensor del pueblo), asesinado cuando tres personas creyeron que intentaba huir con su dinero.
Varios medios colombianos también reportaron el suicidio de un hombre que lo perdió todo, pero la AFP no pudo obtener confirmación de fuentes policiales.
Las 'pirámides' ofrecen rentabilidades de hasta 300% en pocos meses usando el dinero de los clientes. A los primeros les cumplen y estos se encargan de llevar nuevos inversores que terminan defraudados, pues la firma cierra o escapa con su dinero, a veces a otras regiones donde siguen operando.
En Colombia los disturbios se desencadenaron con el aparente cierre el martes de DRFE, una empresa captadora que contaba con mas de 60 sucursales en el país.
Según el director de seguridad ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, la intervención de esta cadena de agencias ha dejado ya como resultado el decomiso de 58.000 millones de pesos (25 millones de dólares).
El oficial precisó que se han detectado otras 240 'pirámides' en 20 de los 32 departamentos del país, y según estimativos oficiales, éstas manejarían unos 870 millones de dólares.
Mientras avanzaban las investigaciones sobre estas captadoras ilegales, se desató el viernes una polémica entre la familia de Uribe y el dueño de una empresa que también ofrece rendimientos de hasta 150% y, aunque aún no ha sido imputada, es objeto de sospechas de lavado de activos del narcotráfico.
En una entrevista con la radio W, David Murcia, el dueño de DMG, afirmó que esas sindicaciones son infundadas y vinculó a funcionarios del gobierno de Uribe, a los hijos de éste y a policías con su empresa.
También acusó al sector bancario de estar detrás de las denuncias en su contra.
"No sé cómo será la relación del Presidente con los hijos, pero definitivamente no está enterado de lo que hacen", aseguró desde Panamá, luego de que el mandatario negara a la privada radio La W que sus hijos Tomás y Jerónimo tuviesen relación con la firma.
Murcia dijo que en el pasado los hijos del mandatario hicieron una propuesta a un canal de TV de su propiedad.
"Señor presidente, para que se entere, sus hijos están haciendo un programa muy bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlos", afirmó.
Pero Jerónimo Uribe negó cualquier relación comercial con la empresa. El joven explicó a la misma radio que se limitó a plantear una idea para realizar documentales a un amigo que trabajaba en el canal y que se marginó del proyecto por recomendación de la Policía.
Murcia vinculó también a funcionarios del gobierno y a policías. "Tenemos policías, gente del gobierno, porque ellos también tienen derecho a estar acá. Si la empresa llegase a tener una gran conmoción, los policías también se verían afectados", advirtió.
En la tarde del viernes Uribe se reunió con el fiscal general, Mario Iguarán, para analizar la situación y estudiar medidas destinadas a judicializar a las empresas ilegales captadoras de dinero, entre ellas DMG.
Pero Iguarán reiteró que hasta el momento no ha recibido por parte de las autoridades financieras algún informe de seguimiento a las 'pirámides' que le permitan a la Fiscalía iniciar acciones penales.
En respuesta a la declaración de Iguarán, el director del Departamento de Seguridad (DAS), Joaquín Polo, dijo en conferencia de prensa que ese organismo ya entregó a la Fiscalía dos investigaciones en contra de DMG y su propietario, que espera sean llevadas a los jueces.
© 2008 AFP
