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Hoy hace un mes, autoridades sanitarias anunciaron la primera tragedia radiactiva del país, en la cual resultaron afectados 109 enfermos de cáncer con sobredosis de cobalto superiores al 72 por ciento.
El dolor, el luto, la impotencia, la incertidumbre y el malestar de Digna, Nydia, Carol, Manuel... continúan latentes, en espera de que se cumplan las promesas de apoyo hechas en un inicio, mientras que las fisuras del sistema hospitalario quedaron en carne viva.
Sin duda, la tragedia sacó a flote las debilidades que agobian a los hospitales y que médicos y autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconocen abiertamente.
A un mes del anuncio, aún permanecen sin respuesta dudas vitales sobre el caso: ¿Se justifica una sobreexposición radiactiva del 72 por ciento en 109 pacientes? ¿Por qué tuvo que transcurrir un mes para que se descubriera la tragedia? ¿Por qué una buena parte de los pacientes recibían el cobalto en forma paliativa? ¿Se sigue detectando el cáncer en etapas finales, cuando las posibilidades de curación son mínimas?
Según diversos informes técnicos y declaraciones médicas, en los centros hospitalarios de la CCSS hay fallas en la supervisión técnica, en el mantenimiento de equipos, en los métodos de trabajo y en la capacitación del personal, entre otras dificultades.
Carlos Arias y Leda Méndez, fiscal general y agente fiscal del Ministerio Público, en entrevista con La Nación, dijeron que esperan los primeros resultados de sus indagaciones sobre lo acaecido a más tardar en un mes.
Los funcionarios confirmaron que, hasta el momento, han fallecido nueve de los pacientes afectados: siete mujeres y dos varones, un niño entre ellos, pero hasta ahora ninguno de esos decesos ha sido atribuido a la sobreirradiación.
De los restantes, 40 ya plantearon su solicitud formal para delegar en el Ministerio Público la acción civil, con tal de reclamar la indemnización que merecen por los daños causados.
Fragilidad del sistema
El caso del cobalto, como se le bautizó, también reveló serias deficiencias de comunicación entre las distintas jerarquías hospitalarias.
Tanto es así que cuando el presidente ejecutivo de la Caja, Alvaro Salas Chaves, se enteró del asunto, el director del San Juan de Dios, Manrique Soto Pacheco, ni siquiera conocía lo que pasaba en su propio centro médico.
Leda Méndez, fiscal encargada de las investigaciones, criticó fuertemente el hecho de que el hospital San Juan de Dios retuviera entre sus cuatro paredes, durante los primeros días de suspensión del servicio, lo que había sucedido.
Los informes técnicos y las declaraciones médicas revelaron falta de uniformidad en los métodos de trabajo, fallas en el mantenimiento de los equipos, ausencia de autoridad, escuálida supervisión técnica, débil información a pacientes, escaso monitoreo de la rutina hospitalaria y debilidades en la capacitación del personal.
Entre tanto, los afectados y sus familias sostienen que la ayuda prometida por la CCSS no llega y que, incluso, han tenido que sacar "de donde no tienen" para dar abasto con los medicamentos que les alivian las quemaduras y otras afecciones causadas por la radiación.
Este es el caso de Manuel Ramírez Vargas, de 49 años, y vecino de Sarapiquí, Heredia; padece un cáncer en la cara que ya le produjo la pérdida de la vista en uno de sus ojos. También es el caso de Nydia Ramírez, de San Ramón, portadora de un cáncer de pecho.
Pero el propio Salas Chaves sale al paso y señala que la Junta Directiva autorizó ¢20 millones para darle soporte económico a estas familias, dinero que aún no se ha acabado.
Consultado por este matutino sobre las cicatrices dejadas por el cobalto, Salas reconoció que sin duda la institución tendrá que efectuar una revisión exhaustiva no solo en los servicios de radioterapia, sino también sobre lo que sucede en los distintos niveles de la organización.
