EscucharSan José, 3 mar (ACAN-EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, inició hoy las audiencias públicas por el secuestro, tortura y asesinato del campesino hondureño Juan Humberto Sánchez, a manos del ejército de ese país en 1992.
Sánchez fue acusado de guerrillero tras una estadía de 12 años en El Salvador, donde militó como operador de Radio Venceremos, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El joven, de 26 años en ese entonces, regresó a su país en junio de 1992 gracias a una amnistía decretada por el gobierno, pero la misma noche de su llegada fue apresado por agentes del Décimo Batallón de Infantería.
A falta de pruebas lo liberaron al día siguiente, pero esa misma noche lo volvieron a detener en su casa, en la aldea de Santo Domingo, limítrofe con El Salvador, para interrogarlo, según la acusación.
Su cuerpo apareció días después flotando en el río Negro, cerca de la frontera con El Salvador, desnudo, con la cabeza rapada, un disparo en la frente y otro en la pierna izquierda. Tenía además sus genitales, nariz y una oreja cercenada, y lo hallaron atado de pies y manos sobre la espalda.
En la sesión ante la CIDH, que se extenderá hasta el próximo miércoles, el Estado hondureño argumentó que el caso no debe ser juzgado por el tribunal internacional pues el proceso interno para dar con los responsables del crimen está abierto.
Sergio Zavala, procurador general y representante de Honduras para el caso, afirmó que la demanda es "inadmisible por la falta de agotamiento de los recursos internos, pues está pendiente el juicio contra el principal sospechoso, Angel Belisario Hernández".
Zavala manifestó que si bien el proceso en contra del ex-militar ha tardado un "tiempo inusual", esto se debe a que Hernández había huido, pero que ahora, de nuevo en prisión, todo seguirá adelante.
"En ningún momento se ha vedado el acceso a la justicia en Honduras", aseguró.
Otro de los argumentos presentados por el Estado es que un informe militar donde consta la detención de Sánchez, y que será presentado como prueba por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es falso.
Sin embargo, los jueces decidieron continuar adelante con la audiencia y escucharon el primer testigo por parte de los familiares de la víctima, el ex-comisionado de Derechos Humanos de Honduras Leo Valladares.
Valladares explicó que en 1992 las fuerzas armadas ejercían control total sobre la policía y el sistema judicial del país, y que la desaparición y muerte de Sánchez calza con el modo de operar de los militares en ese entonces.
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), "la interpelación de Honduras ante la CIDH es importante porque sienta un nuevo precedente positivo en el sistema de justicia local e invita a la clase política que gobernaba en 1992, y que también lo hace hoy, a impedir que hechos similares se repitan".
Otros de los testigos que subirán al estrado son María Dominga Sánchez y Domitila Vigil, madre y hermana de la víctima, quienes presenciaron su captura.
También altos oficiales militares como el general Luis Alonso Discua Elvir, ex-jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y primer comandante del Batallón 3-16, durante los años ochenta, acusado de violaciones a los derechos humanos. ACAN-EFE
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