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San Miguel de Sarapiquí (Alajuela). El tajo Don Jaime, escenario durante las últimas semanas de una eventual explotación ilegal y, al parecer, zona de choque para los intereses comunales y privados, fue cerrado ayer a las 11:56 a.m. por el contralor del ambiente, Húbert Méndez Acosta.
Al mismo tiempo que el funcionario corroboró los primeros daños ambientales, varios dirigentes comunales de San Miguel de Sarapiquí adelantaron que para ellos apenas comenzaba la lucha en defensa de la ecología de la zona.
El cierre, efectuado en acatamiento a una orden emitida en ese sentido el viernes pasado por el contralor general de la República, Luis Fernando Vargas Benavides, transcurrió sin incidentes por cuanto el sitio estaba solitario.
El quebrador y otra maquinaria pesada que funcionaba en el lugar fue sacada desde el sábado. Sin embargo, las últimas vagonetas con material salieron ayer aproximadamente a las 8:30 a.m., cuando representantes de Agrícola Ganadera Don Jaime, propietaria del tajo, dispusieron cerrar con candado el portón de acceso a la propiedad.
El requerimiento del contralor Vargas Benavides estuvo dirigido a los ministros de Obras Públicas, Rodolfo Silva, y de Ambiente y Energía, René Castro, para que se suspendiera cualquier explotación ilegal que se estuviera dando en el citado tajo.
Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) había otorgado una concesión de explotación del sitio al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para reparar los caminos de la zona, los materiales --presuntamente-- fueron empleados en la construcción del proyecto hidroeléctrico Don Pedro. Este es propiedad de la empresa Energía Global, ligada, al parecer, con el exministro de Transportes Bernardo Arce y la familia del presidente José María Figueres.
Lo que viene
El contralor ambiental del MINAE, Húbert Méndez Acosta, explicó ayer --al término de su diligencia-- que por orden del ministro Castro ahora comenzará una investigación pormenorizada de todo lo sucedido.
Aclaró que las averiguaciones las hará, a partir de mañana, un grupo de especialistas en trastornos ambientales.
Según Méndez, ayer descubrió que los propietarios del sitio y la empresa encargada del proyecto hidroeléctrico (José Castellone Construcciones Civiles) habrían ocasionado daños al ambiente, como por ejemplo, haber trabajado en el cauce del río Sarapiquí.
La Nación intentó conversar ayer con representantes de ambas empresas sin que ello fuera posible.
Carlos Humberto Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Comunal de San Miguel, informó de que dicha agrupación se reunirá esta noche con el objetivo de establecer las nuevas pautas a seguir.
"El MINAE le otorgó al MOPT la concesión del tajo don Jaime porque el material, supuestamente, sería para el mejoramiento de las rutas vecinales. Sin embargo, todo el lastre fue para el proyecto hidroeléctrico. Ahora, la comunidad no solo continúa con el problema del mal estado de los caminos, sino también con el agravante de que fue agotada la concesión otorgada y clausurado el depósito", dijo.
Alvaro Gómez Ferreto, coordinador de una comisión de vecinos nombrada con el objetivo de comprobar varias cargos que circulan, por presuntos daños a la ecología, en contra de la firma Construcciones Civiles, dijo que el jueves habrá una gran concentración popular en San Miguel. En ella no solo se escucharán las denuncias de los propios lugareños y las quejas llegadas a otras asociaciones de desarrollo comunal, sino también algunas inquietudes que han externado distintos empresarios turísticos de la zona. Igualmente, se recibirá a varios especialistas del ramo, que le ofrecieron su asesoría al comité.
