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Mediante un acuerdo confidencial y desobedeciendo un criterio vinculante de la Contraloría General de la República, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) permitió la restitución de nueve notarios que habían sido contratados de manera “ilegal”.
Se trata de un grupo de notarios externos quienes, durante años, habían prestado servicios a la Caja sin haber participado en un concurso de contratación.
Por esa razón fueron despedidos en el 2009, después de que la Contraloría General de la República determinó que esa práctica era contraria a la ley.
El órgano contralor indicó que solo podrían mantener su condición de notarios externos quienes ganaran una licitación pública.
La Caja organizó esta y el resultado de tal proceso fue que, de los 75 notarios externos, 35 fueron despedidos.
En abril del 2010, sin que la Contraloría hubiera cambiado su criterio vinculante, la directiva de la CCSS tomó un acuerdo declarado “confidencial” y anuló el oficio que los despedía.
Una investigación de
Además, se mostró que la Caja aceptó compensar a la profesional asignándole siete casos nuevos que involucraban transacciones por ¢167,7 millones.
La investigación encontró también que, utilizando como fundamento el nuevo criterio de la junta directiva, otros notarios despedidos reclamaron y la Caja aceptó recontratarlos.
Asimismo, se descubrió que el contenido del acuerdo era desconocido incluso para los abogados que defendían a la CCSS en demandas similares a la de Vincenzi.
Estos abogados argumentaron que su recomendación solo se refería a Andreína Vincenzi.
Alfaro Morales alegó además que, en su opinión, el dictamen de la Contraloría General no era vinculante para todos los casos. .
El gerente de Contratación Administrativa del órgano fiscalizador, Germán Brenes, indicó que los criterios son vinculantes y de acatamiento obligatorio para la Caja Costarricense de Seguro Social.
La presidenta ejecutiva de la Caja, Ileana Balmaceda, arguyó que desconocía los detalles del caso.
“Decidimos extender cuatro meses la intervención a la Gerencia de Pensiones (en donde laboran la mayoría de los notarios externos) para conocer los casos. Se ha trabajado para que no haya más nombramientos a dedo”, aseguró.
La notaria Vincenzi, por su parte, manifestó que prefería no referirse al tema y remitió cualquier consulta a la Caja.
Otro artículo de esa sesión, al que se dio el mismo carácter, autorizó la restitución del notario Silvio Roberto Mena Ortega, quien aseguró que eso no ha ocurrido y prefirió no dar detalles sobre el caso.
Pese a que los abogados de la Caja desconocían esos acuerdos de junta directiva, otros siete notarios afectados sí accedieron a la información y la utilizaron para reclamar a la Caja los mismos derechos.
Uno de ellos es el diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Calderón Castro.
Enrique Rojas Franco, defensor de Calderón en este caso, puntualizó que conoció el contenido de los acuerdos declarados confidenciales al revisar el expediente de conciliación de la notaria Vincenzi.
