EscucharSan José, 22 mar (ACAN-EFE).- El Juzgado Penal Juvenil de San José castigó con dos meses de detención provisional a dos colegialas, con edades entre 15 y 17 años, quienes atacaron a otra estudiante y le cortaron el rostro, informó hoy una fuente judicial.
Un portavoz del Poder Judicial dijo hoy a ACAN-EFE que la medida fue dictada por el Juzgado Penal Juvenil contra dos estudiantes de un colegio de secundaria de San José, mientras que otras dos alumnas de otros colegios, pero que actuaron como cómplices, recibieron medidas cautelares pero no serán detenidas.
Las dos muchachas que no serán detenidas deberán cambiar de colegio, evitar el contacto con la menor ofendida y recibir sesiones de ayuda y orientación.
El Juzgado Penal Juvenil decidió dictar contra las dos principales agresoras aprehensión provisional, medida que cumplirán en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, ubicado en Santo Domingo de Heredia, al norte de San José.
Las menores fueron trasladadas a ese centro ayer desde las celdas judiciales de San José, en donde estaban desde el pasado lunes.
Los delitos por los cuales las muchachas deberán enfrentar un proceso judicial son amenazas agravadas, agresión con arma, tentativa de homicidio simple y lesiones graves.
De ser halladas culpables, podrían ser castigadas con penas de hasta 15 años de internamiento, según la Ley Penal Juvenil para los jóvenes mayores de 15 años.
Los hechos sucedieron el pasado viernes, cuando las dos jóvenes detenidas atacaron, junto a las otras dos estudiantes, a una colegial de 12 años por presuntos celos por un muchacho.
Las agresoras metieron a la menor la fuerza en un lote, la golpearon, le cortaron el pelo con una tijera y le produjeron una herida de 13 centímetros en el rostro con una cuchilla.
Tras conocer los hechos, los propios estudiantes del centro educativo organizaron una huelga y exigieron a sus profesores llamar a las autoridades y expulsar de la institución a las alumnas agresoras.
La directora del área de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación Pública (MEP), Rocío Solís, declaró al diario "La Nación" que, en su criterio, la medida es la más apropiada.
"Este es un escarmiento para los menores de edad y para los padres de familia, para que se den cuenta de que si se comete una infracción deben cargar con las responsabilidades", manifestó Solís.
La funcionaria reconoció que el ministerio no puede hacer mucho pues según el reglamento interno vigente, la máxima sanción administrativa contra un estudiante es suspenderlo hasta por 30 días.
"Nosotros estamos de acuerdo con este tipo de sanción porque no podemos seguir tolerando que nuestras instituciones se tornen en sitios de violencia donde se cometan actos de vandalismo", agregó la funcionaria.
Las jóvenes que irán al centro de menores podrán continuar allí sus estudios, mientras que las otras dos deberán ser reubicadas en otro centro de estudios. ACAN-EFE
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