EscucharCon la promulgación en Argentina de la ley de expropiación mediante la ley 26.741, para adquirir el 51% de las acciones de la trasnacional petrolera española YPF-Repsol, se confirma no solo un interés público por la estatización de sus recursos, sino también la consolidación en Sudamérica de una corriente política empeñada en la nacionalización del recurso petrolero.
Este movimiento siempre ha estado presente en América Latina desde principios de siglo; hemos visto un resurgimiento de la estatización, con las avasalladoras y cuestionadas expropiaciones del presidente Chávez, emulado por sus homólogos de Ecuador, el presidente Correa con su plan de expropiación contra las petroleras; en Bolivia, Evo Morales con la expropiación de la empresa Red Eléctrica Española (REE) y, por último, Argentina con el kirchnerismo y Repsol.
Esta última tuvo su causaexpropiandi en el interés de estatizar el recurso del hidrocarburo y mejorar el autoabastecimiento. La empresa tuvo quejas en el servicio por falta de inversión, abastecimiento y masiva distribución de dividendos; legales, por daños al medio ambiente y derechos de pueblos indígenas. Dichos elementos ¿son suficientes para expropiar la empresa petrolera más grande en la Argentina?
1-) YPF-Repsol no es la única empresa en hidrocarburos, hay alrededor de once empresas transnacionales en el sector petróleo, gas y derivados; (Chile, Brasil, Italia, Argentina, Alemania, EE. UU., Inglaterra, Holanda). Por ende, si el Estado quiere imponer un plan de nacionalización del recurso, o actividad esencial a la relación de la política hidrocarburífera (denominada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof), debió previamente indicar un plan de adquisición de las todas las empresas para asegurarse el control del sector, y no únicamente limitarse a una de ellas; evidencia de un actuar discriminatorio, irrazonable y arbitrario, al no dar suficientes elementos técnicos, económicos y financieros para justificar la adquisición de Repsol y excluir a las demás.
2-) El Gobierno incurrió en un grave abuso al adquirir solo las acciones de Repsol y dejar intactos a los accionistas argentinos (Pluspetral S.A., Grupo Petersen-Familia Eskenazi-, y otros). Lo lógico era diluir porcentualmente las acciones en forma equiparada.
3-) Previo a la ley de expropiación, funcionarios del Gobierno se apersonaron en las instalaciones de la trasnacional española para desalojar a los ejecutivos españoles, sin orden judicial ni autorización legal, por lo que se dio una ocupación en la empresa.
Al tratar con expropiaciones existen una serie de reglas rígidas para su ejercicio, y bilateralmente es un mecanismo de protección para el administrado en defensa de su derecho de propiedad e intereses patrimoniales. Estos principios son reconocidos en la Constitución Nacional en su numeral 17; así pues es obligatoria la previa indemnización ante una expropiación, con posibilidad de revisión judicial, en aras del principio de indemnidad.
En el caso de Repsol fueron ignorados tales requisitos e incluso el gobierno manifestó que atrasará el pago o pagará cero pesos, igual como sucedió con la estatización de las aerolíneas argentinas en el 2008.
4-) Recordemos que el Gobierno Menem oficializó la privatización de YPF, por las deficiencias en su competitividad, funcionamiento e imposibilidad de autoabastecer la demanda nacional, y dispuso la venta de sus acciones.
En el 2003, Repsol, al adquirir las acciones, tenían un precio de $13,22 en la bolsa; la trasnacional logró satisfacer la necesidad, el autoabastecimiento y mejorar el servicio. A nivel internacional, llevó a cotizar el valor de sus acciones a enero 2012, a un precio de $43 en Wall Street.
El anuncio de Cristina Kirchner de adquirir el 51% de Repsol, provocó una caída del 33% de su valor. Al día de hoy el derrumbe bursátil oscila entre 40% y 45%, denominado “efecto YPF”, que han generado un pesimismo sobre Argentina en la bolsa y una desvalorización del 5% de los bonos de deuda argentina, por el petropopulismo o kirchnerismo.
Para enero 2012, Repsol tenía una evaluación de $16.200 millones y para el mes de junio su valor llegará a $5.700 millones, dando una diferencia de $8.600 millones por la nacionalización. Se tiene que ver como un daño real e indemnizable a favor de Repsol, lo que ha llevado a los representantes a solicitar una indemnización por $10.500 millones conforme a los balances revelados.
En conclusión, no estamos ante expropiación, sino ante una confiscación u ocupación forzosa en la cual no se han respetado los derechos ni los preceptos legales vigentes dispuestos por la propia Constitución Política y el ordenamiento jurídico argentino. Actos destinados para hacerse del control y manejo de la empresa petrolera más rentable, sin brindar justificaciones para su adquisición. Vemos cómo la expropiación puede ser desvirtuada, nociva y abusiva en las manos de los gobernantes equivocados.
