Por Mónica Martínez
Lima, 11 nov (EFE).- La intervención de Japón en el caso Fujimori ha dado paso a una nueva etapa en las relaciones con Perú, después de que el Gobierno de Lima reiterara hoy que la salida de su embajador en Tokio es una actitud de "reclamo, protesta y molestia".
El ministro peruano de Exteriores, Oscar Maúrtua, manifestó que Japón no debe inmiscuirse en el proceso de extradición de Alberto Fujimori porque, aunque tiene nacionalidad nipona, el ex mandatario fugado a Japón y que gobernó Perú entre 1999 y 2000, optó por la nacionalidad peruana cuando entró el domingo en Chile.
Maúrtua respondió así a las declaraciones de su homólogo japonés, Taro Aso, quien -según recogen los medios peruanos- dijo el jueves en Tokio que desconocía las causas por las que Perú había sacado a su embajador Luis Macchiavello de la nación asiática.
El canciller aclaró que la actitud peruana ha sido "firme de protesta, de reclamo, por todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos años", por la negativa de Japón a responder las solicitudes de extradición cursados por la justicia peruana.
El ex mandatario tiene 22 juicios abiertos en Perú por "delitos contra los derechos humanos, corrupción y atropello a la institucionalidad de la democracia", tal y como los ha clasificado la Procuraduría.
Pero sólo dos de ellos, uno por lesa humanidad y otro por corrupción, se habían convertido en solicitudes de extradición ante Japón, tras largos y costosos procesos de elaboración de los expedientes.
El jefe de la diplomacia peruana se quejó también de que Japón tampoco informara a Lima de la salida de Fujimori del país, pese a contar con la "cibernética más sofisticada del mundo", capaz de haberle detectado antes de su partida.
Por su parte, el procurador del Estado para asuntos de corrupción, Antonio Maldonado, dijo hoy ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que la extradición es la única opción que garantiza que el ex presidente sea procesado en Perú.
Maldonado explicó que una hipotética expulsión de Fujimori de Chile representa "un riesgo muy concreto de que se vuelva a fugar" porque el ex mandatario, en ese caso, podría elegir el destino.
El ministro de Justicia, Alejandro Tudela, coincidió en estos términos y señaló que la expulsión del ex mandatario, apenas fue detectado por las autoridades chilenas el domingo, no hubiera garantizado la entrega de Fujimori.
"Lo más probable es que ese señor hubiese aprovechado la oportunidad para regresar a Japón", agregó.
Tudela también rechazó la posibilidad de que la justicia chilena acepte presiones de terceros países para frustrar la extradición de Fujimori.
"No creo, aún con cualquier presión, que Chile pudiera alejarse de las mejores tradiciones en materia jurídica", manifestó el titular de Justicia ante la comisión parlamentaria.
La Embajada de Japón en Santiago ha expresado su público interés en el proceso contra Fujimori a las autoridades chilenas, al solicitar que sea tratado como un ciudadano nipón.
Por otro lado, y en el marco de los juicios abiertos contra el ex jefe de Estado, el diario "La República" publicó hoy las declaraciones de un general en retiro que asegura haber recibido presiones para concretar la compra de armamento sin las licitaciones de ley.
El general Hugo González admitió que Fujimori simuló numerosas licitaciones para favorecer al israelí Moshe Rothschild en varias compras millonarias entre 1994 y 1996, cuando era jefe del Estado.
El juicio por la compra de recambios para vehículos y helicópteros a Rothschild concluyó en octubre con la primera sentencia absolutoria a favor del ex mandatario.
Tanto al Procuraduría como la Fiscalía han apelado el fallo judicial y han recomendado que este proceso se incluya en el expediente de extradición. EFE
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