Candidatos cuestionados y abstención

Ahora bien, el esfuerzo por explicar este fenómeno sociopolítico exige claridad y, para ello, es menester despejar una hipótesis tan propalada como falaz, a efecto de que no encubra los factores reales en la base del abstencionismo.

Me refiero al cliché de que la gente no vota porque los aspirantes son corruptos o están siendo cuestionados; argumento usualmente acompañado de reclamos al TSE para que filtre ese tipo de candidaturas.

Falacia. El argumento es falaz por tres razones. Primero, porque en las elecciones nacionales, con índices de participación que casi triplican los de las municipales, abundan las acusaciones de corrupción. Segundo, porque el abstencionismo se comporta de forma muy diferente en distintos cantones, sin que exista relación entre ese índice y la cantidad de candidatos con causas administrativas y judiciales en su currículo. Tercero, porque la inmensa mayoría de los 16.000 candidatos en las pasadas elecciones municipales, ni han sido sancionados administrativa o penalmente, ni tienen cuestionamientos en su contra. Injusto e ingrato es que personas que han decidido salir de sus acotados intereses privados para, en el espacio público, aportar tiempo y talento en beneficio de sus comunidades, sean etiquetadas, sin más, como deshonestas.

Pero ese pseudoargumento, además de insostenible, es peligroso. Es propio del populista discurso antipolítica y antipartidos, difundido desde distintos sectores por los más inconfesables intereses. Quede claro: luego de que un pueblo ha declarado proscrita a su clase política, no le espera (como podría soñarse) un nuevo amanecer democrático. Tras esa esquina, de la que el retorno suele ser largo y doloroso, solo aguardan autoritarismos de diverso pelaje.

Hoy, más que nunca, se impone volver, una y otra vez, sobre el ABC de la teoría democrática y del Estado constitucional: es deber de los partidos políticos velar por la idoneidad de las candidaturas que le ofrecen al país.

La valoración política de estas, en términos de su calidad, fortalezas y debilidades, debe animar y enriquecer el debate público en una democracia. Muy valioso es, a este respecto, el trabajo de la prensa, así como el enfrentamiento abierto y sin guantes de seda, entre los contendientes. ¡Para eso son las campañas electorales! Es el pueblo y solo el pueblo, el que en las urnas dictará la sentencia final sobre las candidaturas puestas a su consideración.

Derecho a postulación. El TSE no debe valorar la bondad de los postulados. Ni el TSE ni el Código Electoral pueden violar la Constitución Política que, desde 1949, le asegura a los ciudadanos que sus derechos políticos, entre ellos el de postularse, no serán suspendidos sino por sentencia judicial (no administrativa) que así lo disponga. Es un asunto de derechos humanos, según fuera reconocido 20 años después por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23.2), porque solo así se puede proteger a los ciudadanos de un Estado que pudiera excluirlos arbitrariamente de la competencia electoral, invocando razones morales, acusaciones no demostradas u otros simulacros legales.

En democracia se confía en el juicio de los votantes, no se les estima incompetentes y, justamente por ello, se les da la capacidad de escoger a sus representantes sin que el Estado se los preseleccione, para, supuestamente, protegerlos de una mala decisión.

En el TSE permaneceremos firmes en defensa de la democracia costarricense, que se fundamenta en la convicción de que el estatus de ciudadano supone la capacidad de las personas para, libremente y sin tutelajes, escoger a sus representantes políticos.