EscucharBrasilia (DPA). El gobierno de Brasil anunció cuál será la primera parcela de selva amazónica "arrendada" para la explotación de madera, semillas, frutos, resinas y aceites en el país.
Según informa hoy el diario "Folha de Sao Paulo", la primera concesión de reservas públicas de la Amazonia comenzará el año que viene y comprenderá un área de 90.000 hectáreas de la Floresta Nacional (FLONA) de Jamari, en el estado de Rondonia, cuya extensión total es de 220.000 hectáreas.
Según explicó el ministerio de Medio Ambiente, la decisión de comenzar el proceso de arrendamiento de la selva en Rondonia se debe a que los índices de deforestación ilegal en ese estado están aumentando.
El aumento del promedio de devastación en esa región es contraria a la tendencia registrada en toda la selva amazónica, donde se estima que en 2007, el área deforestada será 30 por ciento inferior a la de 2006.
La expectativa del gobierno es que al llevar empresas para explotar madera y otros productos de manera sostenible, se inhiba la deforestación ilegal.
"La FLONA de Jamari ya era un área prioritaria para la concesión, mucho antes de (promulgada) la Ley de Florestas Públicas", dijo el director general del Servicio Forestal Brasileño, Tasso Azevedo. "Además, (esa zona) tiene una logística muy buena", agregó, en referencia a que esa región está a sólo 13 kilómetros de la carretera federal BR-364, que es asfaltada.
La parcela que será licitada en primera instancia consta de tres lotes con extensiones de 45.000, 30.000 y 15.000 hectáreas cada uno.
Cada uno de los lotes podrá ser explotado solamente por empresas brasileñas, independientemente de cuál sea el origen de su capital, que firmarán contratos de entre cinco y 40 años.
La explotación de madera será realizada en ciclos de 30 años. Cada área explotada deberá pasar tres décadas regenerándose para ser talada nuevamente.
Según informó la agencia Estado, la licitación tomará en cuenta los criterios de precio y tecnología que las empresas oferten, pero dará prioridad al segundo aspecto.
De esa forma, la empresa que oferte el mejor precio no será necesariamente la vencedora de la licitación, sino que primarán los criterios técnicos, entre los que se encuentran el beneficio social, el impacto ambiental o la eficiencia.
