EscucharBrasilia, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Brasil decidió hoy ampliar la meta de su campaña de desarme de la población civil, tras haber recibido unas 75.000 armas desde el inicio el plan hace poco más de un mes.
"Nuestra aspiración ahora es llegar (a finales de año) a 300.000 armas. Si llegásemos a 400.000, mejor, pero si nos quedásemos en 200.000 ya estaría bueno", destacó a periodistas el ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos.
Para respaldar la viabilidad de ese objetivo, el Ejecutivo solicitó al Congreso que autorice la liberación de más recursos para asegurar la continuidad de las gratificaciones a los civiles por cada arma entregada.
Según el calibre y el poder de fuego, cada arma entregada puede representar para su dueño una bonificación oficial equivalente a unos 300 dólares.
El ciudadano también recibe la garantía de que no serán investigados los antecedentes del arma, ni cómo fue adquirida.
"Teníamos un presupuesto inicial de 10 millones de reales (unos 3,4 millones de dólares) que ya está superado. Pedimos un incremento de 20 millones de reales al Congreso y vamos a continuar solicitando (recursos financieros) si fuese necesario", declaró Bastos.
El ministro hizo esas declaraciones tras el lanzamiento de la segunda etapa del plan puesto en marcha hace 39 días para recoger todos los armamentos de bajo y alto calibre que se encuentran en manos de la población.
Según cifras de la Policía Federal, los brasileños entregaron en las comisarias y cuarteles de esa fuerza unas 75.250 armas, a un promedio de 1.930 por día.
Bastos informó de que a partir de la semana próxima se iniciarán gestiones con los gobiernos regionales y organizaciones civiles para integrarlos a la campaña liderada por el gobierno de Brasilia.
"Lo importante es aunar todas las fuerzas que puedan y quieran ayudarnos a recoger armas, para que consigamos una mayor amplitud posible de ese objetivo", subrayó.
Para incentivar a la ciudadanía fue elaborado un anuncio en radio y televisión que divulgará un número telefónico que informará a los ciudadanos sobre los beneficios que pueden obtener a cambio de desarmarse.
El ministro dijo que su gobierno confía en que, con la multiplicación de informaciones y de facilidades para la entrega de armas, aumentará el interés de la población por ayudar en la campaña nacional.
Además de intentar desarmar a un país donde cerca de 40.000 personas mueren anualmente víctimas de armas de fuegos, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva deberá organizar un referendo para que la población decida si se debe prohibir el comercio de armamentos.
Ambas acciones -la campaña y el referendo- están previstas en el llamado Estatuto del Desarme, sancionado en diciembre pasado por Lula, quien quiere limitar el uso de armas a la policía, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
Quienes insistan en portar armas o tenerlas en su hogar sin el debido permiso podrán enfrentar procesos judiciales, tener que pagar multas y ser condenados a penas que varían de uno a seis años de prisión. EFE
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