EscucharLA PAZ (AFP) Un proceso de regularización de latifundios volvió a poner en contra al gobierno boliviano y ricos hacendados y líderes civiles de Santa Cruz, mientras las autoridades, que ya usaron a policías para esta tarea, no descartaron incluso recurrir a militares.
Los ganaderos y otros sectores afines al gobierno departamental de Santa Cruz, opositor al presidente Evo Morales, iniciaron protestas contra el 'saneamiento' (verificación de la situación de propiedad) de tierras que realiza el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra, estatal).
Este saneamiento pretende ver si hay irregularidades en la titulación de latifundios o si están asentados sobre tierras indígenas.
Rubén Costas, prefecto (gobernador) de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, inició una querella judicial contra el Inra, oficina que ingresó el fin de semana a la zona de Alto Parapetí, 1.200 km al sureste de La Paz, a inspeccionar unas 100.000 hectáreas en poder de ricos hacendados.
"Militares y policías con pasamontañas (rostros cubiertos) están impidiendo la libre transitabilidad en la zona del Chaco (donde está Alto Parapetí) y prácticamente han saqueado propiedades", denunció Costas al matutino El Deber, al confirmar que dos haciendas privadas fueron intervenidas.
Una de las propiedades es del rico estanciero estadounidense Ronald Larsen, que según el gobierno boliviano posee 17 propiedades con una extensión de 57.000 hectáreas, algunas de ellas sobre tierras de indígenas guaraníes del Chaco, una zona que colinda con Paraguay.
El gobierno denunció que en Alto Parapetí unas 1.000 familias de indios lugareños fueron reducidas al estado de servidumbre y que una de las razones para el rechazo al ingreso del Inra al lugar es evitar su liberación.
El poderoso gremio patronal Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en emergencia al sostener que el poder Ejecutivo lleva adelante su programa de inspección de la propiedad de tierras al margen de la ley.
El presidente de Confeagro, Christian Sattori, afirmó que el gobierno está provocando "tensión y enfrentamientos" en el Chaco boliviano, pese a que -según dijo- se comprometió a que el problema sobre la propiedad de la tierra se resolvería de manera concertada "y no unilateral".
En Alto Parapetí, donde el gobierno desplaza brigadistas con apoyo policial, existe la amenaza de que se desencadenen violentas protestas, por la advertencia de ricos latifundistas de movilizarse para rechazar los planes oficiales, según reportó un periodista de la emisora católica Fides, desde el poblado de Camiri, cercano al lugar del conflicto.
Para desvirtuar las acusaciones de la Prefectura de Santa Cruz y de privados agropecuarios, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, responsable directo de la regularización, dijo que el gobierno no puede estar al margen del control territorial.
"Tenemos que establecer los derechos propietarios legítimos", afirmó Almaraz, que justificó la realización de las pericias con el apoyo policial por la amenaza de los latifundistas de defender sus bienes a tiros.
El viceministro también dijo que estas acciones gubernamentales se replicarán en el departamento amazónico de Beni (noroeste), donde también existen hacendados, entre ellos los pertenecientes a una comunidad menonita (evangelistas fundamentalistas), que -según el gobierno- ejerce derechos propietarios de manera irregular.
Para esa zona, donde también hay amenaza de resistir por la fuerza al gobierno, el poder Ejecutivo está dispuesto a utilizar incluso a militares para hacer cumplir la ley.
"Vamos a desalojarlos con el uso de la fuerza pública", insistió Almaraz.
Desde que Morales llegó al poder en enero de 2006 el gobierno ha intentado regularizar fundos privados, indígenas y públicos con la intención de revertir tierras improductivas para dárselas a indígenas pobres, su electorado más leal.
© 2008 AFP
